Juan Pablo Lázaro Montero, este jueves, en el Congreso de los Diputados.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.
Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos.
Según ha detallado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son “aportaciones genéricas a fondo perdido”, sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación.
Por un “control flexible”
A su juicio, el principio de transparencia debe alcanzar a esos ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso debe habilitarse un “control flexible” que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas “muy pequeñas” y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.
Lázaro Montero de Espinosa ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero cree que “no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuestos o auditar sus cuentas obligatoriamente”.
En su opinión, tanto la patronal como los sindicatos merecen un desarrollo legislativo “específico” porque un control idéntico al del sector público “no sería proporcional”. “Las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios (de Transparencia) porque son aportaciones de entidades privadas”, ha remarcado.
En este sentido, ha desechado la posibilidad de publicar las retribuciones de los responsables de la CEOE, que sí se exige en el sector público: “Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente”, ha remarcado, precisando que los miembros de la CEOE sí pueden conocerlas.
Y ha puesto un ejemplo concreto: “Si unos empresarios del metal deciden mañana contratar un ejecutivo muy caro para un plan de internacionalización, no sé por qué eso tiene que estar dentro del marco de esta ley”, ha dicho.
No limitar la libertad sindical
Por su parte, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han mostrado en el Congreso su apoyo a la futura Ley de Transparencia y a la inclusión de los sindicatos en la misma, pero han avisado de que la norma no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no puede utilizarse para “limitar el derecho de libertad sindical” o atentar contra su “autonomía organizativa”.
Así lo han asegurado ante la Comisión Constitucional del Congreso, el secretario de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, y el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, que con sus intervenciones han puesto fin a las comparecencias de expertos que abrió el Congreso el pasado mes de enero para recabar distintas opiniones sobre este proyecto de ley.
Ambos han coincidido en señalar la necesidad de que España apruebe una Ley de Transparencia que, junto con otras reformas legislativas, contribuya a que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones. Y, aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas o incluso a los partidos políticos.
El dirigente de CC OO ha detallado que los fondos que su sindicato recibe vía Presupuestos Generales del Estado o de administraciones autonómicas suponen sólo el 2,8% del total, y ha resaltado cómo se han recortado estas cantidades en los últimos años: Si en 2009 CC OO percibió 6,6 millones de euros de las cuentas estatales, este año esa cantidad se ha reducido a 3,5 millones. Además, ha incidido en que su sindicato ya es “transparente” y tiene colgados sus “balances” y “presupuestos” en su página web.
En términos similares se ha expresado Monell, quien ha puesto de relieve que el grueso de la financiación de UGT “no viene de fondos públicos”. Aunque no ha ofrecido datos concretos, ha indicado que “los ingresos propios”, provenientes de sus afiliados, superan el 70% del total.
