La Comisión Europea coloca a España como el país de la Unión Europea que recibe más reclamaciones por incumplimiento por parte de las aerolíneas de los derechos de los pasajeros aéreos reconocidos por la legislación comunitaria en materia de indemnizaciones y asistencia por cancelaciones y retrasos, según un informe publicado este martes.

Entre 2010 y 2012, España tramitó casi 51.600 reclamaciones de pasajeros contra las aerolíneas en materia de indemnizaciones y asistencia. La mitad corresponden al año 2010, en el que se produjo la quiebra de Air Comet. La cifra de quejas bajó a 11.000 en 2011, pero volvió a subir a 15.700 en 2012 por la quiebra de Spanair.

Por detrás de España se sitúan Portugal (con 21.000 reclamaciones), Reino Unido (17.000), Alemania (14.400) y Holanda (14.300).

Pese a este gran número de quejas, las compañías aéreas solo sufrieron sanciones en apenas el 1% de los casos de media en la UE, dado que la mayoría de las reclamaciones se resuelven sin que sea necesario recurrir a dichas medidas para garantizar la aplicación de la legislación, según los datos de Bruselas.

Algo más que una advertencia

No obstante, la Comisión considera que las sanciones impuestas por las autoridades nacionales a las compañías aéreas incumplidoras están mejor controladas y aplicadas. Esto significa que, a pesar de su reducido número, las sanciones han pasado a ser algo más que una simple advertencia.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha alertado de que los Estados miembros “siguen necesitando reforzar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros del transporte aéreo”, y que “los derechos solo existen en la realidad cuando son efectivamente respetados”.

La Comisión continuará en alerta para garantizar que los pasajeros sean plenamente informados de sus derechos y de la manera en la que pueden presentar una reclamación, en caso necesario”, ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, en un comunicado.

Los Estados miembros están negociando en estos momentos una propuesta de Bruselas que aboga por restringir los derechos de los pasajeros con el fin de reducir los costes para las compañías aéreas.