En España hay un total de 1,4 millones de plazas de alojamiento regladas frente a las más de 2 millones anunciadas en los portales de Internet, lo que es muestra de la “grave” situación del sector que mantiene el nivel de ocupación por la reducción a la baja que tiene que realizar en los precios a costa de la rentabilidad. Así lo advirtió el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, durante la presentación, este martes, del ‘Manifiesto de la hotelería y el sector de alojamiento reglado, contra la economía sumergida y la actividad turística ilegal’ (ver en pdf) respaldado por casi todas las patronales del sector hotelero.

“El alquiler de vivienda privada siempre ha existido, pero el desarrollo de Internet está permitiendo que miles de propiedades se ofrezcan a los consumidores sin los controles pertinentes”, afirmó Molas.

El sector alojativo reglado asegura que no pretende impedir el ‘consumo colaborativo’, sino que compitan en un mercado turístico con las mismas reglas de juego con las que compiten los otros actores del sector.

La actual falta de regulación está generando graves problemas de seguridad, aumento de economía sumergida, incremento del trabajo ilegal, violación de derechos de consumidores en materia de seguridad y calidad, y degradación de la imagen y el futuro de los destinos turísticos. “No vale todo para llegar a los 60 millones de turistas”, aseguró Molas.

Los hoteleros advierten que las plataformas de Internet se intentan justificar con el concepto de ‘economía colaborativa’ pero debido a una falta de legislación adecuada estas plataformas están desarrollando una actividad económica no reglada que les genera importantes beneficios y bajo la cual se encuentran muchos inversores empresariales que generan grandes transacciones turísticas.

Según datos de Live in Spain, dados a conocer por la patronal, la compra de viviendas en alquiler por personas jurídicas se ha incrementado un 429% en los últimos cinco años, lo que supone que el 22% del total de las compras de viviendas están explotadas por empresas.

Molas recuerda que el sector tiene regulación, “a veces excesiva”, por parte de las diferentes Administraciones Públicas por lo que “no es razonable que conviva un mercado fuertemente regulado con otro absolutamente liberalizado”.

Por ello, alertó de que este tipo de alojamientos “mal llamados viviendas turísticas”, carecen de los controles necesarios en el ámbito de la seguridad, higiene, accesibilidad, ruidos, incendios, piscinas, aguas y calidad.

“Denunciamos abierta y públicamente la permisividad y connivencia de algunas Administraciones con la economía sumergida que provoca defectos graves en aquellos que cumplimos la normas y las leyes”, advirtió el presidente de la patronal hotelera.

Caída de la rentabilidad

La patronal hotelera recuerda que el sector ha sufrido un descenso de pernoctaciones en los últimos años y ha registrado una caída de la rentabilidad debido a las políticas de descensos de precios para mantener ocupación y empleo.

“La aparición de miles de viviendas privadas para uso turístico con precios inferiores, por su falta de cumplimiento de normativa, hará disminuir más los precios de los hoteles con consecuencias negativas en rentabilidad, empleo, inversión y problemas financieros”, advirtió Molas.

Por ello el sector del alojamiento exige a las Administraciones Públicas una reflexión profunda sobre la dimensión de este problema ya que, cualquier legislación permisiva afectará de forma directa al modelo establecido y al sostenimiento de la seguridad social, el empleo, los ingresos de proveedores, la inversión y la calidad de la oferta hotelera.

“Temas como la seguridad, hacienda, sanidad, dependen directamente de la Administración Central y es su obligación tratar de controlar las ilegalidades que se están produciendo”, sostuvo Molas añadiendo que “no se puede vivir en una oferta de fraude continua”.

El manifiesto asegura que los gobiernos tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y de fijar reglas del juego “claras y específicas”. Por ello muestran su firme oposición a modelos permisivos que existen en distintas comunidades autónomas sobre esta actividad.

A este respecto, sobre la multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb, la plataforma de reserva de alojamientos de particulares, por comercializar apartamentos turísticos ilegales en esta comunidad, la Confederación considera que aunque la normativa catalana fue un poco “precipitada”, al menos hay una regulación, y que lo importante es que estas plataformas reserven plazas alojativas que cumplan la normativa.

En este punto el secretario general de la Cehat, Ramón Estalella, confirmó que se han mantenido numerosas reuniones con varias de estas plataformas de reservas y aunque no se ha llegado a ningún acuerdo con ellas, éstas entienden que se ha producido un cambio en el modelo de negocio y se ha detectado en ellas un cambio de actitud.

Colaboración de los sindicatos

También pide la colaboración a las centrales sindicales, ya que las viviendas turísticas no producen los niveles de empleo exigibles a cualquier actividad económica y además se pone en peligro la imagen de marca y de producto de España, registrándose un efecto multiplicador negativo en muchas ocasiones.

“El sector alojativo exige a los responsables turísticos españoles un apoyo decidido a empresas y trabajadores que con su trabajo y esfuerzo contribuyen al mantenimiento del PIB y la actividad económica, dejando de lado modelos cortoplacistas y electoralistas que se traducirán en un deterioro de las garantías de los consumidores y en una falta de regulación que acabará con el liderazgo del turismo español a nivel mundial”, advirtió Molas.

Finalmente el sector agradece a los huéspedes tanto nacionales como internacionales, la confianza depositada en los establecimientos regulados de España y les anima a continuar utilizando la actual oferta en todas las categorías y precios, exigiendo las mayores garantías en cuanto a seguridad, confort en las instalaciones y servicios ofertados.

“Nos jugamos el prestigio y miles de puestos de trabajo de una industria saneada y fuerte, que aporta bienestar no solo económico sino social a España”, concluyó Molas.