Aerolíneas

Globalia, a juicio por fraude en los descuentos a los residentes extrapeninsulares

El juez exculpa a Juan José Hidalgo y a otros directivos contra los que se dirigía la querella presentada por la Fiscalía en octubre del pasado año

Publicada 24/10/2016

13:47 horas

 - Actualizada 25/10/2016

15:37 horas

Se va a juzgar los descuentos realizados en los vuelos correspondientes a los años 2010 (de octubre a diciembre), 2011, 2012 y 2013 (de enero a junio).

Se va a juzgar los descuentos realizados en los vuelos correspondientes a los años 2010 (de octubre a diciembre), 2011, 2012 y 2013 (de enero a junio).

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido su investigación por un presunto fraude con los descuentos en sus pasajes para vuelos a la península de residentes en Canarias y Baleares realizados por Globalia y lleva a juicio a la compañía como persona jurídica, si bien exculpa a su consejero delegado, Juan José Hidalgo y a otros directivos contra los que se dirigía la querella presentada por la Fiscalía en octubre del pasado año.

La cantidad defraudada en aplicación de este mecanismo de descuentos en los ficheros de vuelo correspondientes a los años 2010 (de octubre a diciembre), 2011, 2012 y 2013 (de enero a junio) asciende a un total de 19.180.909,92 euros, lo que sumado a unos intereses devengados de 3.602.977,94 euros, la deuda definitiva ascendería a 22.783.887,85 euros, según ha concluido la investigación judicial.

En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias que practicaba por las supuestas irregularidades en los descuentos en billetes de avión.

El auto propone juzgar por un delito de fraude continuado a las subvenciones a Globalia Servicios Corporativos SLU, con las atenuantes de reparación del daño al haber pagado las cantidades defraudadas más los intereses, por un total de 22,7 millones de euros, así como por haber establecido, antes del juicio, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

En la misma resolución, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Juan José Hidalgo Acera y los directivos Richard Clark y Ramiro Campos Gallego al no haber podido determinar “qué concreta persona es el responsable de la decisión de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado”, así como respecto de las entidades corporativas Air Europa Líneas Aéreas, Globalia Corporación Empresarial, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Viajes Tu Billete, Pepe Viajes y Globalia Business Travel (anteriormente denominada Travelplan).

Fraude a la Administración

El auto detalla las supuestas prácticas irregulares detectadas en los citados descuentos, entre ellas las que llevaron a presentar liquidaciones al Ministerio por encima de lo cobrado por pasajero, “de modo que existen billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida”.

Además, se habrían realizado contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de aficionados y particulares, que luego no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación presentadas mensualmente por la compañía aérea al Ministerio de Fomento, “logrando un lucro por parte de las entidades” del Grupo Globalia.

Igualmente, señala el magistrado, a través de la agencia Travelplan se vinieron ofreciendo descuentos en paquetes de viajes que no tuvieron el reflejo adecuado en las certificaciones presentadas a la Administración para el recibo de las bonificaciones por los pasajeros residentes extrapeninsulares, con lo que “la compañía se habría lucrado indebidamente de dichas bonificaciones”.

Dentro de la organización del Grupo Globalia, continúa el auto, se identifica a la mercantil Globalia Servicios Corporativos SLU, que es donde se centralizan todos los servicios de administración del grupo y donde se determinan con autonomía funcional los criterios por los que se han guiado las entidades integradas en la corporación, respecto de los hechos objetos del procedimiento, “pero sin que se haya podido individualizar, hasta la fecha, pese a las diligencias practicadas en esta causa, qué personas físicas lo hayan podido ordenar, liquidándose las bonificaciones a los residentes extrapeninsulares de una manera que ha resultado finalmente contraria a la deseada por la norma en lo que se refiere al mecanismo de subvención analizado”.

“Como consecuencia de lo expuesto, la compañía aérea y las agencias de viaje del grupo durante todo el periodo analizado realizaban toda su actividad en la creencia errónea de estar haciéndolo conforme a la ley cuando se hacían constar excesos en las cantidades bonificables”, indica el juez Velasco en su resolución.

Una vez concluida la instrucción, el juez da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que en el plazo de diez días presenten escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, pudiendo solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

Antecedentes

En principio, la querella de la Fiscalía se presentó ante el juez Fernando Andreu, quien se inhibió en favor de su compañero Velasco por haber tenido éste una actuación previa sobre los mismos hechos a raíz de otra denuncia, presentada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que fue sin embargo inicialmente archivada.

La matriz de Air Europa desembolsó 19,2 millones de euros en la Audiencia Nacional por este proceso judicial, a raíz de una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) por un supuesto mal uso de dichas subvenciones. Un año antes, la patronal de agencias trasladó sus sospechas a Fomento, que abrió una investigación administrativa.

El Ministerio de Fomento ya había iniciado una investigación a partir de la cual comenzaron las pesquisas policiales. Hace ahora cuatro años la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, solicitó a su dependencia la apertura de una investigación, que aún continúa, sobre el programa de descuentos en transporte aéreo y marítimo para los residentes no peninsulares, a fin de determinar posibles fraudes.

Globalia abonó otros 17,7 millones de euros ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) por el mismo concepto en relación a los ejercicios comprendidos entre el año 2010 y 2015, tras llegar a un acuerdo con el departamento que depende de Fomento por el expediente abierto al grupo.

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1 COMENTARIOS

juan

26/10/2016 | 9:31 horas

#1

No entiendo como luego les dan contratas públicas a estas empresas, llevan varios casos similares y el descontento de la administración en la gestión de sus viajes y siguen dándole contratas.

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