Alojamiento

Los hermanos Ruiz-Mateos declararán este jueves por la presunta estafa en la compra de dos hoteles

El fiscal les acusa de no haber pagado el precio acordado de la adquisición, 11,7 millones de euros

Publicada 17/05/2017

10:52 horas

 - Actualizada 18/05/2017

8:40 horas

El fiscal pide siete años para cada uno de los acusados.

El fiscal pide siete años para cada uno de los acusados.

Los seis hermanos Ruiz-Mateos, dos de ellos en prisión por otros casos, declararán este jueves en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por la presunta estafa relacionada con la compra de los hoteles Beverly Playa en Paguera (Mallorca) y Beverly Park en Maspalomas (Gran Canaria). El fiscal les acusa de no haber pagado el precio acordado de la adquisición, 11,7 millones de euros, y pide siete años de cárcel para cada uno.

En la sesión de este miércoles, la primera, se han planteado las cuestiones previas planteadas por las partes, pero no se han acabado de resolver. Esto, ha señalado el presidente del tribunal, el magistrado Jaime Tártalo, se llevará a cabo este jueves a partir de las 09:45 horas.

A pesar de esto, el tribunal ya ha determinado no aceptar las peticiones del abogado defensor de los hermanos Ruiz-Mateos, Juan Manuel Gallardo, relacionadas con la anulación de la declaración y la documental presentada por Joaquín Yvancos o la nulidad de la acusación por el delito de insolvencia punible, entre otras cuestiones.

Al borde de la insolvencia

Por su lado, el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha presentado cerca de una quincena de documentos que demostrarían que los investigados estarían “cerca de la insolvencia” antes de la compra de los dos hoteles.

En concreto, están acusados Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos, además de Jose María Ruiz-Mateos, su padre, empresario fundador de Rumasa y Nueva Rumasa, fallecido en septiembre de 2015. Cabe destacar que Javier y Álvaro Ruiz-Mateos han venido en furgón policial al estar en prisión por otra causa.

El fiscal sostiene que para obtener la titularidad de los hoteles, presentaron garantías y avales falsos y una vez se habían entregado los hoteles no pagaron el precio acordado de 11,7 millones de euros.

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