El contrato contempla una cláusula sobre confidencialidad que obliga a la adjudicataria a guardar cualquier dato que pueda ser relevante para la misión policial.
El Ministerio del Interior ha adjudicado en 9,9 millones de euros los vuelos de deportación de extranjeros que se realizarán durante este año. El contrato ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El contrato incluye la ejecución de los vuelos con los que Interior traslada a los extranjeros bajo custodia policial, ya sea dentro de territorio nacional o para expulsarles a sus países de origen, incluyendo los traslados bajo el paraguas de FRONTEX, por un periodo de 18 meses.
Según el pliego de condiciones del concurso, entre otros requisitos los interesados tienen que contar con aviones con antigüedad no superior a 25 años y distintas capacidades --en una horquilla desde menos de 75 plazas hasta más de 200-- y ofrecer servicios “equivalentes a los de la Clase Turista” incluido un cátering.
Asimismo, la adjudicataria habrá de suscribir, además de los seguros estándar, una póliza específica que garantice la cobertura desde la subida hasta la bajada de la aeronave en cualquier país con una indemnización mínima por persona de 100.000 euros en caso de muerte o invalidez absoluta.
El contrato contempla también una cláusula específica sobre confidencialidad que obliga a la adjudicataria a instruir a todo el personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto” del contrato, como “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para la misión policial o la seguridad de la aeronave.
Operaciones de carácter reservado
Los vuelos de deportación son operaciones policiales de carácter reservado sobre las que el Ministerio del Interior no ofrece información. La única institución en España que publica datos al respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de la Tortura, que recaba anualmente las cifras e incluso envía técnicos a supervisar personalmente algunos de estos vuelos.
Según el último informe disponible, correspondiente a 2016, el Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 21 vuelos internacionales con los que expulsó a 521 inmigrantes a sus países de origen o procedencia. Además, fletó 69 vuelos desde distintos puntos del territorio nacional con destino a Ceuta para expulsar a 1.219 personas a Marruecos y otros tres a Melilla para hacer lo mismo con otras 18 personas.
