El Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Ayuntamiento de Madrid, aprobado este miércoles en el Pleno, ilegalizará al 95 % de las viviendas de uso turístico del Centro registradas como tal en la capital, a las que se les exigirá un acceso independiente y que obtengan licencia de hospedaje si operan más de 90 días al año.

Este Plan entrará en vigor tras su aprobación en pleno, aunque las restricciones no afectan a toda la ciudad, sino únicamente a los barrios de la almendra central, distribuidos en tres anillos concéntricos, con diferentes limitaciones en función de la saturación turística de cada zona.

El primer anillo coincide con los límites del distrito de Centro, el anillo número 2 comprende el distrito de Chamberí completo y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca, mientras que el tercero se expande a barrios de los anteriores distritos, a los que se suman otros barrios de Tetuán, Usera, Carabanchel y Latina. Las mayores restricciones se dan en el primer y el segundo anillo

Protestas de los propietarios

Los propietarios de viviendas turísticas han aseverado este miércoles que estas continuarán con su actividad pese al plan del Ayuntamiento de Madrid para frenar la conversión de las viviendas en alojamientos turísticos, a la vez que han anunciado que habrá demandas tanto individuales como colectivas contra la medida, pues están seguros de que la ley los “amparará”.

“Nosotros vamos a seguir funcionando porque estamos convencidos de que la ley nos ampara y nos amparará. El problema es que lleguemos a juicio, serán cientos de demandas, es lastimoso porque por una parte es dinero público y por el otro privado”, ha expresado ante los medios de comunicación Manuel, miembro de Madrid Aloja, a las puertas de Cibeles.

Este plan especial para la regulación de uso terciario en su clase de hospedaje pretende preservar el uso residencial del centro urbano, frenando la conversión de viviendas del centro en alojamientos temporales turísticos y, en segundo lugar, buscar que la actividad del hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad redistribuyendo la actividad económica.

Para los propietarios de este tipo de viviendas, el plan de hospedaje es “un plan de prohibición que se enmascara en una regulación”. “Solamente hay que ver cuáles son las características que se exigen, entradas independientes, ascensor... es una prohibición pese a que los políticos querrán hablar de regulación”, ha precisado.

En este punto ha señalado que para acceder a las pensiones, los huéspedes “entran por la misma puerta” que los vecinos del edificio. Lo mismo sucede, ha indicado, con las viviendas en las que desarrollan su actividad profesional como abogados o dentistas.

Alquiler de corta estancia

Además, ha asegurado que están mal llamadas viviendas de uso turístico “porque es un alquiler de corta estancia”. “Lo es para turistas y lo es para no turistas, porque más del doble no lo son, vienen a gestiones, cursos, ferias, entre otros”, ha expresado.

Sobre la medida, ha indicado que se quedan “al descubierto tras muchos años haciendo esta labor”. “Nos encantaría hablar con Calvo (delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y con todos los ediles de todos los partidos. Llevamos intentándolo un año y pico, pero a la hora de hablar, parece que les cuesta más trabajo”, ha lanzado.

Si bien, Manuel ha indicado que les “encantaría pedir una moratoria” y ser “escuchados" porque “seguro que hay un espacio común al que llegar con acuerdos”, ya que “esto (la medida) es supuestamente cerrar mañana mismo y poner en el paro a miles de trabajadores”, pues “hay como más de 10.000 viviendas turísticas, y tres o cuatro afectados por cada uno”.