El Ejecutivo comunitario tiene dudas de que Iberia cumpla tras el Brexit con sus exigencias de control y propiedad mayoritariamente española.
El Gobierno de España tendrá dos meses, hasta el 12 de junio, para evaluar el plan de contingencia que presente de aquí al 11 de abril la aerolínea Iberia, que debe reestructurar su accionariado para convencer a Bruselas de que tras el Brexit seguirá cumpliendo las exigencias comunitarias que permiten operar rutas entre destinos de la Unión Europea.
Las reglas comunitarias establecen que las licencias de explotación para vuelos dentro de la Unión Europea se asignen a compañías cuyo “control efectivo” recaiga sobre un Estado miembro o sus nacionales y que la “propiedad” del 50% más una de las acciones sea también europea.
Si las aerolíneas consideradas europeas hasta ahora por tener una participación mayoritaria británica se mantienen sin cambios, perderán este estatus europeo con la salida de Reino Unido del club y, por tanto, perderían también su licencia intraeuropea automáticamente.
El Ejecutivo comunitario tiene dudas de que Iberia, integrada en el holding IAG del que también son parte British Airways, Vueling y Aer Lingus, cumpla tras el Brexit con estas exigencias de control y propiedad mayoritariamente española y ha pedido a las autoridades nacionales que aclaren la situación.
Por eso Bruselas intensificó en los últimos meses los contactos con los Estados miembros para buscar soluciones para las compañías que, como Iberia o la húngara Wizz Air, planteaban dudas sobre su situación tras el divorcio británico.
Necesidad de planes de contingencia
La comisaria de Transportes, Violeta Bulc, ha recordado este jueves que ya envió cartas a los Veintisiete avisando de los riesgos y de la necesidad de contar con medidas de contingencia, aunque no ha querido dar detalles sobre el estado de cada situación.
Bulc sí ha insistido en que los Estados miembros y aerolíneas han sido informados adecuadamente “para asegurar que cumplirán con sus obligaciones dentro de plazo” y ha asegurado que “en estos momentos no hay razones para dudar que vayan a estar preparados”.
En cualquier caso, Bruselas se mantiene discreta respecto a los avances logrados y no ha dado datos sobre qué compañías siguen sin haber presentado planes creíbles y cuáles sí.
Fuentes comunitarias explicaron que en esta primera fase las compañías aéreas tienen que presentar sus planes de contingencia ante las autoridades nacionales y que, al no haberse cumplido aún el plazo, que expira el 11 de abril, no tienen aún datos concluyentes sobre las respuestas recibidas.
Una vez cerrada esa fase, a partir del 12 de abril y hasta el 12 de junio, serán las autoridades nacionales las encargadas de “evaluar estos planes e informar sobre ellos a la Comisión”, han añadido las mismas fuentes.
A partir del 12 de abril, además, corre el periodo de seis meses que la Unión Europea ha acordado dar a las aerolíneas que quieran cumplir con las obligaciones de propiedad y control que les permitan operar como compañías europeas.
Licencia de AESA, supervisión europea
Las licencias de explotación las asignan las autoridades competentes nacionales, en el caso de España la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y por tanto les correspondería a ellas conceder en un primer momento la licencia a Iberia para que continúe con normalidad su actividad actual.
Pero la Comisión Europea supervisa la concesión de las licencias y puede impugnarlas si considera que en algún caso han sido asignadas contraviniendo las normas para la explotación de servicios aéreos de la UE.
En este caso, Bruselas iniciaría nuevos contactos con las autoridades nacionales para pedir más información y pruebas de que la licencia cumple los requisitos legales.
De no darse por satisfecha con este intercambio, la Comisión puede reclamar a la autoridad que ha concedido el permiso “medidas correctivas adecuadas o que suspenda o revoque la licencia de explotación”, según recoge la normativa comunitaria.
La suspensión de esta licencia implica que una aerolínea no puede operar vuelos dentro de la Unión Europea, aunque podría recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
