Fetave pide que se proceda a “no exigir garantía ni avales” a las agencias de viajes “que no comercialicen viajes combinados”.
La Federación Empresarial Territorial de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) ha solicitado a las comunidades autónomas a través de un comunicado que apliquen correctamente la Ley de viajes combinados, cuya transposición aprobó en diciembre el Consejo de Ministros.
La asociación reclama a las direcciones de turismo de las comunidades autónomas “que los decretos autonómicos se interpreten, en tanto se modifican para adaptarlos a la nueva normativa, acorde a la legislación vigente” y lanza una serie de peticiones para que el texto se desarrolle de forma correcta.
Así, Fetave pide que se proceda a “no exigir garantía ni avales” a las agencias de viajes “que no comercialicen viajes combinados”, así como a las que “se dediquen a viajes corporativos en el contexto de acuerdos con empresas u organizaciones a cuyo amparo se realizan los viajes”.
Por otro lado, Fetave pide que no se exijan “las garantías ni a avales a quien organice viajes combinados de menos de 24 horas sin pernoctación” ni a las agencias que “organizando servicios receptivos para su inclusión en viajes organizados o combinados” los comercialicen “formando parte de un paquete que constituye el viaje combinado”.
En ese sentido, la asociación reclama que para “las agencias indicadas anteriormente”, si efectúan de forma esporádica “la organización o comercialización de algún viaje combinado”, se debe aceptar “el aseguramiento individual de esos viajes como una de las posibilidades previstas en la propia normativa”.
Seguros y garantías
Además, Fetave reclama que “los minoristas comercializadores, además del seguro de insolvencia financiera, puedan contratar el de responsabilidad contractual”.
También exige que “se apliquen las garantías previstas en el caso de los grupos integrados” y que se “apliquen análogamente los porcentajes de garantía establecidos para las agencias de viajes (5% de la facturación correspondiente con un mínimo de 100.000 euros).
Para terminar, la asociación pide a “los operadores de servicios de viajes vinculados las garantías de solvencia previstas y en términos iguales a lo establecido para las agencias de viajes”.
