La digitalización del proceso de facturación podría aportar beneficios a la empresa, como la automatización de procesos manuales.
El turismo es uno de los sectores más avanzados en la implantación de las facturas electrónicas, formato obligatorio desde este jueves en las relaciones B2G en la Unión Europea, dado que se trata de una de las actividades que más transacciones realiza cada día a lo largo del año.
En concreto, una cadena hotelera internacional puede llegar a procesar entre tres y seis millones de facturas en un año, mientras que una agencia de viajes llegaría al millón y un banco de camas a los diez millones, según la plataforma baVel, especializada en facturación electrónica para el sector turístico.
La digitalización del proceso de facturación podría aportar beneficios a la empresa, como la automatización de procesos manuales, reducción de errores o aumento de la productividad, señalan desde esta plataforma.
Y es que desde el pasado jueves, las administraciones públicas de la Unión Europea están obligadas a recibir y procesar facturas electrónicas en sus operaciones B2G (Business to Government) utilizando un formato común: el estándar europeo de factura electrónica CEN-TC/434, también conocido como EN 16931.
No obstante, el plazo se amplía un año para administraciones locales y regionales, dándoles un plazo de adaptación.
Impulso a la e-factura
La obligatoriedad general del uso de la e-factura y el impulso del intercambio electrónico de otros documentos, son elementos fundamentales en la transformación digital de las relaciones comerciales, y están considerados por la Agenda Digital Europea como un elemento clave en el mercado común.
La UE ya aprobó en 2014 esta directiva sobre facturación electrónica en la contratación pública, en la que se exigía la definición de un estándar común europeo de e-factura tanto en el nivel semántico como en la sintaxis.
La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas –en vigor desde 2015– ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado.
Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP están obligadas a facturar electrónicamente cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.
En 2018, el número de facturas electrónicas procesadas en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017, lo que supone un ahorro a las empresas españolas de más de 1.400 millones de euros, según el Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España 2017-2018.
Estandar europeo
Actualmente, la factura electrónica con la Administración Pública ya es obligatoria, o tiene una legislación aprobada para las operaciones B2G, en países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, Italia, Eslovenia, España, Croacia, República Checa, Lituania, Bélgica, Estonia, Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia y Grecia. A partir del 18 de abril comenzará la obligatoriedad en el resto de países.
Dentro de esta normativa, se encuentran excepciones en países como Portugal, en cuya normativa establece el 19 de abril de 2020 como la fecha a partir de la cual el Estado Central e Institutos públicos deben poder recibir e-facturas; Grecia, que pospone la obligatoriedad a 2020; o Reino Unido, que se encuentra pendiente del acuerdo del Brexit y de su salida de la Unión Europea.
