La Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) reclamará a Aena, el Ministerio de Fomento y los controladores aéreos un total de 1,3 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados por el plante de los controladores en diciembre de 2010, según confirmó ayer a AGENTTRAVEL la gerente de la asociación, Catiana Tur.
ACAV se ha personado en la causa contra los controladores tanto por la vía contencioso-administrativa como por la vía penal, cuya fase de instrucción comenzó el lunes en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid para dilucidar si los hechos son constitutivos de delito.
Esta semana se abrirá también la causa por la vía contencioso-administrativa con la presentación de las primeras reclamaciones previas contra Aena, Fomento y los controladores aéreos por los daños y perjuicios ocasionados a las agencias de viajes asociadas a ACAV. La próxima semana se presentará un segundo grupo de reclamaciones y en septiembre el resto, según aclara Tur.
En total, la asociación reclamará 1,3 millones de euros por las pérdidas que ocasionó a 22 agencias de viajes asociadas a ACAV el cierre del espacio aéreo y que perjudicó a más de 600.000 personas en toda España.
Catiana Tur aclara que en un principio las demandas han sido presentadas por agencias de viajes de ACAV, pero esto no quita que se puedan sumar otras compañías turísticas afectadas, “que lo están estudiando”.
Sobre el proceso contra los controladores, la gerente de ACAV señala que “aparte de los daños y perjuicios que realmente son cuantiosos, hay que poner los puntos sobre las íes para que situaciones como las que vivimos el pasado mes de diciembre no se vuelvan a repetir”.
Catiana Tur exige “un poco de responsabilidad por todas las partes, porque todos tenemos derecho al trabajo pero también tenemos derecho a movernos y a tener una actividad económica con normalidad”.
Los controladores culpan a Aena
Por su parte, el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, responsabilizó ayer a Aena de ser el único culpable del cierre del espacio aéreo y ha acusado al gestor aeroportuario de mentir a la Justicia.
A su llegada a los juzgados madrileños de Plaza Castilla, donde declaró como imputado en la causa abierta contra los 16 controladores por el abandono de sus puestos de trabajo, Cela explicó a la prensa que “el único responsable de lo que ocurrió aquel día fue Aena y no los controladores como se les achaca”.
El presidente del sindicato, que representa a más el 90% del colectivo, aclaró que su comparecencia ante la juez se produce “no como presidente de USCA, sino como trabajador al que Aena le atribuye la falta al servicio del día 3 de diciembre por la tarde”, cuando los controladores comenzaron a abandonar sus puestos en las torres de control.
Respecto a ese día, Cela explicó que el gestor aeroportuario le había concedido “una dispensa sindical para el citado servicio, por lo que la falta de asistencia no es real, es falsa”.
Por ello, el presidente de USCA acusó a Aena de enviar al juzgado una documentación que “al menos contiene dos irregularidades”, porque en ella se le atribuye la firma del documento de horarios de seguridad correspondiente al servicio de la tarde del 3 de diciembre. “Cosa que obviamente no hice”, apuntó Cela, quien puso en duda la información aportada por Aena sobre el resto de controladores.
Solicitud de embargo preventivo de bienes
Por otro lado, el abogado de la Agrupación de Demandantes por el Cierre del Espacio Aéreo, Luis Vericat, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, anunció a su llegada al juzgado que reclamarán el embargo preventivo de los bienes de los controladores para hacer frente a la petición de indemnizaciones de 10.000 euros para cada afectado por daños morales.
“Esperamos que el presidente de USCA explique lo que pasó”, afirmó Vericat, quien consideró que “no fue casualidad que todos (400 controladores) se pusieran enfermos a la vez; hubo una planificación de abandono masivo”.
Durante la mañana también declararon otros tres controladores aéreos, quienes coincidieron en alegar que se dieron de baja por razones “psico-físicas” provocadas por el estrés de la situación laboral y negaron que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto. Los imputados solo contestaron a las preguntas de la juez y del Ministerio Fiscal.