La Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV) lleva alertando al Gobierno desde 2007 sobre los presuntos usos irregulares en la prestación de la subvención del 50% al transporte aéreo para los residentes no peninsulares. Así lo ha explicado el presidente de la FEAAV, Rafael Gallego, para insistir en que el objetivo de la federación con esas denuncias es “mantener” y “preservar” este “derecho” para los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Al respecto, explicó que en marzo de 2007 se remitió un informe, sellado por la Delegación del Gobierno en Canarias, en el que se denunciaba las presuntas irregularidades. Al no obtener respuesta, se celebró una reunión en 2008 con la entonces directora de Aviación Civil para hacerle entrega del informe, a la vez que se hizo comunicación del contenido con diferentes responsables del Ministerio al siguiente año.
Desde el Ministerio de Fomento se ha garantizado que se cubrirá el 50% de subvención para los residentes no peninsulares en los Presupuestos Generales del Estado en 2011 y 2012, según detalló en una reciente comparecencia en el Congreso la secretaria de Estado de Transporte, Concepción Gutiérrez.
En su intervención, Gutiérrez enfatizó que también se evitará la “picaresca” y subrayó que “una parte de las compañías mantienen una tarifa básica de referencia que no se adapta a la evolución del mercado”. De hecho, en los presupuestos de 2011 se incluye una disposición adicional por la que se autoriza a Fomento a revisar el sistema de subvenciones para hacerlo más eficiente garantizando el 50% de las ayudas al transporte aéreo.
Gallego Nadal recordó que, en su comparecencia de agosto en el Congreso, el ministro de Fomento, José Blanco, apuntó que su departamento investigaba esas “anomalías”, ante lo cual se aclaró desde la FEAAV “que efectivamente se producían esas situaciones y que se venían denunciando al propio Ministerio”.
“Supuestos de irregularidad”
Según se remarca en el informe de la FEAAV, se estaría produciendo “dos tipos de supuestas irregularidades”. El primer supuesto se refiere a la sospecha de que ciertas agencias de viajes, en connivencia de una compañía aérea, en sus campañas de ventas cobraban “precios ridículos” a los clientes mientras que a Aviación Civil pasaban una tarifa superior cuando se daba la relación de descuentos.
El segundo “supuesto irregular” es la situación de una serie de ciudadanos que “aparentemente aparecen como residentes” de estos territorios “pero que no lo son”, circunstancia que se produce por la no obligatoriedad de presentar el certificado de residencia. En este aspecto, Gallego Nadal recalcó que actualmente sólo se requiere presentar el DNI para gozar del descuento.
Gallego Nadal “sospecha” que estas supuestas irregularidades supongan un “desvío de unos cuantos millones de euros” en la prestación de este servicio al cabo de cada ejercicio, sobre todo cuando la prestación es un “derecho del ciudadano”.
Modelo portugués, posible solución
Además, el presidente de la FEAAV explicó que, ante la intención de Blanco de hacer cambios en el sistema para combatir las irregularidades, se ha solicitado desde la federación una reunión con el ministro para comunicarle sus posturas.
Rafael Gallego ha indicado la importancia de las agencias de viajes en este punto porque “venden cerca del 85% de los billetes de este país” y, por tanto, “es justo que se consulte” a este sector para elaborar cualquier modificación que se vaya a llevar a cabo.
Una posible solución, según ha comentado, podría ser estudiar el 'modelo portugués' –en referencia a la prestación que se ofrece en este país a los residentes insulares– por el cual el ciudadano abona el 100% del coste del billete y de regreso a su lugar de origen se procede al pago de la subvención tras presentar la copia del certificado de viaje. “Ahí no hay ya ni trampa ni cartón”, ha apostillado a continuación.
Otra vía posible para Gallego Nadal es “volver al método tradicional” y hacer que el ciudadano cuente con un certificado de residencia para contratar el billete, “dado que ahí habría una prueba fehaciente de que esa persona está empadronada”.