Transporte

La UE aprueba autorizar a las aerolíneas a comercializar sus derechos de vuelo

Los Estados necesitarán la autorización de Bruselas para imponer restricciones nacionales

Publicada 30/10/2012

9:02 horas

 - Actualizada 30/10/2012

9:07 horas

España apoya la nueva norma, que autoriza a las aerolíneas a comercializar sus derechos de vuelo, según señala Pastor.

España apoya la nueva norma, que autoriza a las aerolíneas a comercializar sus derechos de vuelo, según señala Pastor.

Los ministros de Transportes de la UE alcanzaron ayer un acuerdo político, pendiente de ratificar por la eurocámara, sobre una norma que permitirá a las aerolíneas comprar y vender los derechos de despegue y aterrizaje (slots) que tienen adjudicados en los aeropuertos.

El objetivo de esta medida es aumentar la capacidad aeroportuaria y reducir los retrasos. La normativa actual no prevé que las compañías compren y vendan sus derechos de aterrizaje y de vuelo, pero tampoco lo prohíbe explícitamente. Ello provoca un tratamiento diferente en cada Estado miembro, ya que estos intercambios existan en países como Reino Unido pero estén prohibidos en España.

En contra de lo que defendía la Comisión, el compromiso final permite a los Gobiernos imponer restricciones nacionales a esta compraventa si detectan que causa problemas. Cualquier limitación tendrá que notificarse en todo caso a Bruselas, que deberá autorizarla.

Este compromiso ha permitido reconciliar las diferencias entre los Estados miembros, que iniciaron la negociación divididos. España, Alemania y Francia –y otros países como Bulgaria, Dinamarca, Grecia o Portugal– reclamaban poder imponer restricciones nacionales a la libre comercialización de derechos de vuelo.

Estos Gobiernos se inquietaban sobre la incidencia negativa que un mercado secundario puede tener sobre los vuelos regionales, económicamente menos rentables, y del riesgo de especulación con los ‘slots’.

En el bando contrario se situaban Reino Unido, Suecia, Holanda, Letonia, Bélgica e Italia, que defendían la liberalización total y una aplicación uniforme del sistema. Estos países han dejado claro durante el debate que sólo aceptarían restricciones nacionales si tienen carácter temporal y cuentan con la aprobación de Bruselas.

Tras varios intentos fallidos, el compromiso final recoge que las restricciones deberán ser “transparentes, no discriminatorias y proporcionadas”. Deberán notificarse a Bruselas, que tendrá que pronunciarse en un plazo de tres meses y el Estado miembro en cuestión deberá acatar la decisión.

Sólo Londres se ha opuesto al acuerdo político porque exigía que la notificación se hiciera con carácter previo a la implantación de las restricciones.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dicho que España apoya la nueva norma, “incluidas las disposiciones referentes a la regulación del mercado secundario de slots, que facilitarán sin duda un paso muy importante en la optimización del uso de la capacidad existente, especialmente en los aeropuertos congestionados”.

No obstante, ha defendido la necesidad de “introducir una cláusula de salvaguarda al mercado secundario”. “Aunque la compraventa de slots es sin duda una herramienta muy potente para dinamizar el mercado, considero muy sensato en estos momentos dejar una puerta abierta a poder establecer una cierta vigilancia al desarrollo del mercado secundario a nivel nacional”, ha señalado.

Límite de capacidad

En la actualidad, cinco aeropuertos europeos funcionan ya al límite de su capacidad: Düsseldorf, Frankfurt, Gatwick-Londres, Heathrow-Londres y Milán Linate. Si no se toman medidas, el Ejecutivo comunitario avisa de que su número podría aumentar a diecinueve considerados fundamentales en 2030.

La Comisión había propuesto además imponer a las aerolíneas la obligación de usar al menos el 85% de sus slots a lo largo del año –frente al 80% ahora– o perderlos. Esta propuesta ha sido rechazada por los Estados miembros, que han decidido no cambiar las normas actuales.

El Ejecutivo comunitario ha dicho que los cambios aprobados reducirán considerablemente los beneficios esperados de la reforma. Bruselas calcula que su propuesta original permitiría al sistema dar servicio a 24 millones de pasajeros más al año de aquí a 2025. Supondría una ganancia de 5.000 millones de euros para la economía europea y crearía hasta 62.000 puestos de trabajo en el período comprendido entre 2012 y 2025.

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