Las comparecencias de los imputados han tenido lugar en la Audiencia Nacional.
Consuelo Garrido, mujer del presunto liquidador de empresas Ángel de Cabo, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que es “una simple ama de casa” y que nunca supo “nada” de las cuentas de las empresas de su marido ni de la supuesta operación de vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans que habría llevado a cabo el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para evitar el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.
Tras tomarle declaración, el juez instructor ha dejado a Garrido en libertad sin medidas cautelares aunque permanece imputada por un delito de alzamiento de bienes, ya que es titular de acciones en varias sociedades del entramado de De Cabo y de varias cajas fuertes en entidades bancarias.
Durante la comparecencia, la mujer ha explicado entre lágrimas que su marido siempre le decía lo que tenía que hacer y qué papeles tenía que firmar y que, tras su detención e ingreso en prisión, ahora se ha quedado “en la calle”. A su salida del tribunal ha sido preguntada si De Cabo estaba tratando de reunir el dinero necesario para depositar la fianza de 50 millones de euros. “No sé de dónde”, ha dicho.
No esperaban la quiebra de Marsans
También han declarado ante el juez los cuatro hijos de Gonzalo Pascual, socio de Díaz Ferrán que murió en junio pasado, y a los que también se imputa un delito de alzamiento de bienes por haber vendido a la sociedad Kairo Center, propiedad de De Cabo, las participaciones en tres empresas propietarias de fincas de caza en Toledo de 1.800 hectáreas que su padre les donó en septiembre de 2009.
Los cuatro hijos –Ignacio, José María, Gonzalo y Diana– han asegurado que nunca pensaron que Marsans fuera a quebrar y que, tras la decisión de un juzgado mercantil de Madrid de anular la donación, reintegraron las participaciones en el patrimonio sometido al concurso de acreedores que se abrió tras la quiebra de la compañía.
El abogado de De Cabo obedecía órdenes
También ha declarado como imputado el abogado Raúl Jiménez, que trabajaba para el entramado empresarial de De Cabo. Ante el juez se ha limitado a señalar que obedecía sus órdenes; las de su colaborador más directo, Iván Losada; y las de los directores de su equipo jurídico, que estaba formada por 16 personas.
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.
Al expresidente de la patronal se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
Aparente “insolvencia patrimonial”
Según el auto de prisión, Díaz Ferrán y Pascual “diseñaron una estrategia” para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales a De Cabo con el fin de “aparentar su insolvencia patrimonial”. A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros.
El juez también envió a prisión a Losada, al que se impuso una fianza de 500.000 euros; el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y el fiscalista Rafael Tormo quedó en libertad con medidas cautelares.
