El 95% de los españoles encuestados sienten que la corrupción es un problema “muy extendido” en el país.
España se sitúa en la segunda posición de los países de la Unión Europea con una mayor percepción de la corrupción generalizada por parte de las empresas. En concreto, el 97% de las empresas españolas (segundo porcentaje más elevado de la UE) declara que la corrupción está muy extendida en su país, cuando la media de la UE se sitúa en el 75%, según un Eurobarómetro sobre la corrupción difundido ayer por la Comisión Europea.
El 88% de los empresarios españoles –segundo porcentaje más elevado de la UE– consideró que la corrupción y el abuso de poder están extendidos entre los políticos, los representantes de los partidos o los altos cargos a nivel regional o local, cuando la media de la UE es del 70%.
Entre las medidas denunciadas por las compañías españoles en este estudio destacan: “Pliegos de condiciones a la medida para determinadas empresas (80 %); abuso de los procedimientos negociados (72%); conflictos de intereses en la evaluación de las ofertas (79%); licitación colusoria (71%); criterios de selección o evaluación poco claros (72%); y modificaciones de las condiciones contractuales después de la celebración de contrato (69%)”.
Ciudadanos y empresarios coinciden
Esta percepción de una corrupción generalizada por parte de los empresarios coincide con la que tienen los ciudadanos. El 95% de los españoles encuestados sienten que la corrupción es un problema “muy extendido” en su país, cuando la media en el conjunto de la Unión Europea es del 76%.
Además, el 63 % de los españoles –la media más alta de toda la UE– cree que la corrupción le ha afectado personalmente en su vida cotidiana.
Además, solo el 11 % de los españoles cree que el Gobierno hace los esfuerzos necesarios para frenar la corrupción y apenas un 10 % opina que hay suficientes procedimientos judiciales se llevan a cabo con éxito.
Desde el punto de vista empresarial, el 54 % de los españoles responde que la corrupción es un problema “muy o bastante serio” al que debe hacer frente cuando hace negocios en España.
Entre los europeos, el 56 % de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en los tres últimos años en su país, una percepción más marcada en España, en donde el 77 % de los encuestados –el porcentaje más alto de la UE– cree que ha aumentado el nivel de estas prácticas irregulares. Tras España, Eslovenia y República Checa, con un 76 %, e Italia (74 %) y Portugal (72 %) son los países cuyos ciudadanos opinan que se han incrementado los casos.
En la presentación de su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, con conclusiones para todos los Estados miembros, la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, ha alertado de que las prácticas corruptas tienen un coste de “120.000 millones de euros cada año” para la Unión Europea y ha lamentado que, si bien muchos de los Estados miembros tienen leyes específicas para luchar contra estos delitos, no siempre las aplican.
“Las instituciones (de vigilancia) están ahí, pero no siempre funcionan”, ha dicho la comisaria en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha indicado que la crisis económica parece haber “impulsado” los casos de corrupción en la UE, sobre todo a escala regional y local, pero ha advertido de que no existen datos específicos por ser este el primer análisis que se realiza.
