Llegada del nuevo Dreamliner de Air Europa al aeropuerto de Santo Domingo..
El máximo responsable del grupo Globalia, Juan José Hidalgo, prefiere llegar a “un acuerdo y una multa que a un juicio”, en relación a la investigación judicial que acusa a su compañía (no así a su persona) de haber presentado liquidaciones en los billetes para residentes de Canarias y Baleares por un valor mayor de lo cobrado a los pasajeros, subvencionados al 50%.
En un encuentro con medios españoles en Santo Domingo, como motivo del estreno del nuevo 787 Dreamliner en esta ruta, Hidalgo ha señalado que la ley que regula el descuento del 50% sobre la tarifa de residentes era “lógica” cuando se aprobó en 1951, momento en el que Iberia era la única compañía aérea.
“Ahora hay más de diez compañías haciendo un servicio, cada una con una tarifa, y yo pregunto sobre qué tarifa es justo aplicar el descuento y nadie ha sido capaz de aclararlo”, se ha defendido el presidente de Globalia y de Air Europa.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco concluyó este lunes su investigación por un presunto fraude con los descuentos en estos pasajes para vuelos a la Península de residentes en Canarias y Baleares, siendo la cantidad presuntamente defraudada de 22.783.887,5 euros.
En su auto, el juez lleva a juicio a la compañía como persona jurídica, si bien exculpa a su consejero delegado, Hidalgo y a otros directivos contra los que se dirigía la querella presentada por la Fiscalía en octubre del pasado año.
La presunta cantidad defraudada en la aplicación de este mecanismo de descuentos a los años 2010 (de octubre a diciembre), 2011, 2012 y 2013 (de enero a junio) asciende a un total de 19,18 millones de euros, lo que sumado a unos intereses devengados de 3,6 millones, asciende a una deuda definitiva que supera los 22,7 millones de euros, según ha concluido la investigación judicial.
El auto propone juzgar por un delito de fraude continuado a las subvenciones a Globalia Servicios Corporativos, con las atenuantes de reparación del daño al haber pagado las cantidades defraudadas más los intereses, así como por haber establecido medidas eficaces antes del juicio para prevenir y destapar los delitos que pudieran cometerse bajo la cobertura de la persona jurídica.
Antecedentes
La matriz de Air Europa desembolsó 19,2 millones de euros en la AN por este proceso judicial, a raíz de una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) por un supuesto mal uso de dichas subvenciones. Un año antes, la patronal de agencias trasladó sus sospechas a Fomento, que abrió una investigación administrativa.
El Ministerio de Fomento ya había iniciado una investigación a partir de la cual comenzaron las pesquisas policiales. Globalia abonó otros 17,7 millones de euros ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) por el mismo concepto en relación a los ejercicios 2010 y 2015, tras llegar a un acuerdo con el Departamento que depende de Fomento por el expediente abierto al grupo.
