Los ERTE por fuerza mayor tendrán una duración máxima acorde con “el estado de alarma” y sus posibles prórrogas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado un nuevo paquete de medidas, de corte marcadamente laboral, que suponen un avance en la protección de los trabajadores y dan respuestas a las dudas surgidas en el sector turístico, y especialmente en las agencias, sobre los trámites de presentación de los ERTE por fuerza mayor.
Así, el artículo 2 del real decreto ley 09/2020 dispone que los empresarios no tendrán la potestad de despedir a trabajadores por causas objetivas motivadas por el coronavirus durante el tiempo que dure el decreto de alarma y sus prórrogas. En el caso de que quieran rescindir el contrato de un empleado, deberán abonarle los 33 días por año trabajado que marca la ley en caso de despido improcedente, en lugar de los 20 días que se establecen para despidos objetivos.
El decreto protege también a los empleados temporales, dado que ordena la “interrupción del cómputo”, tanto de duración como de los periodos de referencia, de los contratos temporales que hayan sido suspendidos como consecuencia de un ERTE por fuerza mayor. En otras palabras, las empresas tendrán que incorporar a los trabajadores temporales para que cumplan el tiempo que restase en sus contratos, una vez que el expediente de regulación de empleo haya expirado.
Sobre los ERTE por fuerza mayor, el Gobierno resuelve que su duración máxima “será la del estado de alarma” y sus posibles prórrogas. Asimismo, decreta que las empresas que hayan “solicitado medidas en relación al empleo que no resultasen necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina” deberán reintegrar al Estado las prestaciones percibidas por los trabajadores.
Adicionalmente, el Gobierno emitía un nuevo decreto un día después, que ordenaba la suspensión de todas las actividades no esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril y regulaba un permiso retribuido recuperable “de carácter obligatorio”.
En virtud de dicho permiso, los trabajadores conservarán “el derecho a la retribución que les hubiese correspondido de estar prestando servicios de carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales”. La recuperación de horas deberá hacerse efectiva “hasta el 31 de diciembre de 2020” y se negociará en un periodo de consultas que implicará a los empresarios y los sindicatos.
“Que nos prohíban despedir es una aberración”
La reacción de los sindicatos y la patronal tras conocer ambos decretos no se ha hecho esperar. “Que nos prohíban despedir es una aberración”, indica a AGENTTRAVEL el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, al tiempo que lamenta que las agencias de viajes “están sin facturación y tienen costes fijos” y, con estas medidas, “tienen las manos atadas a la espalda”.
Garrido lamenta que el Gobierno “no haya dado ayudas especiales para el sector turístico” y se muestra muy descontento “porque solo están poniendo trabas”. A su juicio, “lo más doloroso para un empresario es despedirse de la plantilla”, pero en ocasiones “hay que prescindir de algunas personas para salvar al resto”.
“Son imposiciones y no podemos hacer nada”, protesta Garrido, quien también se queja de que, si bien la “recuperación tras el coronavirus va a ser lenta y gradual”, la ley exige a las agencias que “mantengan las plantillas seis meses”, una vez que se haya puesto fin a los ERTE por fuerza mayor.
Desde el lado de los sindicatos, las medidas se ven con otros ojos. Cássio Paz, responsable estatal del sector de agencias de viajes de Comisiones Obreras (CC OO) se muestra satisfecho con la mayoría de las propuestas, aunque señala un matiz que habría mejorado sustancialmente la situación de los trabajadores.
“Nos hubiese parecido adecuado que anulasen todos los despidos anteriores al decreto”, explica. Las medidas no cuentan con carácter retroactivo y, por tanto, quedan excluidos los casos de los trabajadores que, según Paz, contactaron con CC OO “porque les despidieron por causas que no son reales o no han superado su periodo de prueba”.
“Los trabajadores tardarán un mes en recibir las indemnizaciones”
En UGT, ven el decreto como un avance, pero también lo observan con cierto escepticismo. Su responsable de hostelería, Hilario Pinilla, considera que “las medidas son positivas para los trabajadores”, pero “deberían haberse adoptado antes a través de una modificación de la reforma laboral”.
Además, Pinilla pone de relieve una serie de dificultades técnicas que el decreto no concreta. “Si me despiden como improcedente, me pagan la liquidación correspondiente a la parte proporcional de paga extra y vacaciones, pero no voy a percibir la indemnización de los 33 días porque antes tengo que pasar por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y está cerrado”, explica.
Pinilla considera que para evitar esta situación, que conduce a los trabajadores despedidos a “no cobrar sus salarios de indemnización hasta dentro de un mes”, el Gobierno debería haber optado por la fórmula, explorada previamente en la legislación española, del despido exprés. “Se da al despido tratamiento de improcedente, las partes firman un documento y se abonan las cantidades sin necesidad de pasar por el SMAC”, sostiene el responsable de UGT.
A lo anterior, el responsable de UGT añade que “el SEPE no da abasto” y los trabajadores no saben cuándo van a cobrar su prestación. Igual que el responsable de CC OO, Pinilla pone el foco los despidos previos al estado de alarma: “Tenemos una lucha muy fuerte contra esto porque hay empresas que se han puesto la venda antes de la herida y han vaciado las empresas de personas poco colaboradoras”.
