El Parlament catalán ha aprobado el decreto ley 23/2020, que contempla medidas urgentes en materia tributaria, y entre otras propuestas, aplaza hasta el 1 de enero de 2021 el incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y la aplicación del recargo a la ciudad de Barcelona.

En el pleno de este miércoles, la Cámara catalana ha aprobado este decreto con los votos a favor de ERC, JxCat y PSC, los votos de contra de PP y Cs, y con la abstención de la CUP.

El vicepresidente de la Generalitat y el conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ha advertido de que sectores como el del turismo, la restauración y la hostelería tendrán una recuperación “más progresiva” en comparación a otros sectores de exportación, como la industria, y ha instado a apoyarlos a nivel local.

Ha apuntado que durante el confinamiento bajaron un 99,5% las pernoctaciones en Cataluña y ha estimado que hay entre 128.000 y 152.000 empleos perdidos, algo que indica que existe un sector que deben “acompañar” desde el Govern.

Para Aragonés, el decreto es una medida “absolutamente oportuna” que da confianza al sector y que responde a sus necesidades actuales, y ha asegurado que es fundamental aplicar medidas de choque para inyectar liquidez a la economía catalana.

PP y CS proponen la eliminación de la tasa

El diputado del PP en el Parlament Alejandro Fernández ha dicho que comparte el diagnóstico de Aragonés sobre la situación, pero ha tildado de “insuficientes” las medidas, por lo que desde el grupo propondrá la excepción de la tasa turística hasta 2021 y el aplazamiento de la tasa sobre los pisos turísticos de Barcelona hasta enero del 2022.

Desde la bancada de Cs, Laura Vilchez ha criticado las “políticas de apariencias” dedicadas al sector turístico por parte del Govern, y como el PP propondrá la eliminación de la tasa turística para compensar, a su parecer, los déficits de gestión en materias de turismo.

El socialista Rafel Bruguera ve la moratoria del impuesto como un ‘gesto’ hacia el sector, ha advertido de que no soluciona la crisis y, sobre la supresión del impuesto, ha asegurado que “lejos de ayudar al sector, aún lo perjudicaría más”.

Incompatible con las políticas ecológicas

Desde las filas de los ‘comuns’, David Cid ha remarcado que el sector turístico representa el 12% del PIB, ha criticado que el decreto sea una “medida simbólica” y ‘placebo’ que no responde a las necesidades del sector y que no da soluciones estructurales, a diferencia de aquellas que, a su parecer, se están impulsando desde el Ayuntamiento de Barcelona.

La diputada ‘cuapire’ Maria Sirvent ha criticado la dependencia de un sector que “condiciona gravemente” al medio ambiente, ha señalado que el decreto no casa con las políticas ecologistas y se ha mostrado en desacuerdo con las inversiones en construcción o en la industria automovilística; además, ha condenado la explotación de la mano de obra poco cualificada a través de contratos precarios.

Recursos “necesarios”

El republicano Jordi Orobitg ha tachado de populistas a PP y Cs por su “carrera competitiva” y ha avisado de que el decreto atiende a las necesidades específicas del sector.

Por su parte, la diputada de JxCat en el Parlament Elsa Artadi ha insistido en que hay evidencia empírica de que el impuesto no afecta a la demanda turística y que se aplica en Europa con tasas mucho mayores, además de señalar que sirve para ‘blindar’ al sector: “Estos recursos son más necesarios que nunca”.