Ineco deberá presentar en un plazo de diez meses un proyecto básico de construcción y explotación de las obras, que se licitarán en una fase posterior.
El Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha encargado a la empresa estatal Ineco el diseño del proyecto de remodelación y ampliación del Palacio de Congresos de Madrid, conocido por el mural cerámico de su frontispicio diseñado por Joan Miró, según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El secretario de Estado de Turismo y presidente de Turespaña, Fernando Valdés, ha apuntado que, con la firma de esta colaboración entre Turespaña e Ineco, se avanza en la recuperación de “un edificio emblemático de la capital” que ofrece un gran potencial para mejorar la competitividad de España en el segmento del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y eventos, “por su excelente ubicación y su superficie de casi 40.000 metros cuadrados”.
Según Valdés, la reforma permitirá además ubicar la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo, “que dará más visibilidad a la principal institución internacional en el campo del turismo de las Naciones Unidas”.
En un plazo de diez meses desde la firma del encargo (prorrogable por causas sobrevenidas) Ineco deberá presentar un proyecto básico de construcción y explotación de las obras, que se licitarán en una fase posterior.
Un importe máximo de 627.199 euros
Por esta labor de consultoría y redacción del proyecto básico, Ineco percibirá de Turespaña un importe máximo de 627.199 euros. Además, según el Ministerio, el proyecto deberá incluir un análisis sobre el estado de conservación del mural de Miró por parte de un profesional especializado, “ya que se trata de un elemento singular protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997”.
Además, el instituto adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo supervisará todos los trabajos y podrá proponer modificaciones en todo aquello que considere conveniente y no represente un desequilibrio económico.
El Palacio de Congresos lleva cerrado desde diciembre de 2012, cuando un informe técnico concluyó que no cumplía la normativa vigente en materia de seguridad.
