La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) ha alertado sobre el problema de reembolsos a los viajeros y asistentes a actividades culturales y ocio derivados de la COVID-19 que desde el inicio del estado de alarma en marzo se ha venido produciendo y que “se está recrudeciendo con la nueva ola”.
Por ello, la Federación ha solicitado, entre otras medidas, que el Gobierno, a través de los avales del ICO, cubra el 100% del valor de los bonos a ofrecer como alternativa al reembolso efectivo a los pasajeros, viajeros y espectadores afectados por cancelaciones de la COVID-19 con objeto de garantizar la plena protección de todos ellos.
“Los sectores afectados por esta nueva oleada de cancelaciones, los mismos de la anterior, sectores que desde marzo hace ocho meses llevaban prácticamente con ingresos mínimos e incluso sin ellos, pero con costes solo en algún caso reducidos, como los de sus trabajadores por los ERTE, se encuentran nuevamente con la obligación legal de los reembolsos a quienes han cancelado sus reservas a causa de los confinamientos y las incertidumbres sobre la evolución creciente de contagios de la COVID-19”, han señalado desde la Federación.
Apoyo a la liquidez
En este contexto, Fetave ha reiterado su solicitud al Ministerio de Consumo para que, en aplicación de la Recomendación UE de 13 de mayo a los gobiernos, impulse su aplicación literal, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19 extendiendo esa recomendación a hoteles, rentacares, teatros y otras actividades culturales y turísticas.
Además, ha pedido que el Ejecutivo proporcione apoyo a la liquidez a los operadores turísticos de los sectores de los viajes y el transporte de viajeros, así como hoteleros, empresas culturales y de rent a car en forma de garantías públicas de préstamos o préstamos bonificados para cubrir sus necesidades reales de liquidez en lo referente a los reembolsos durante períodos de dieciocho meses en el caso de las pymes y de doce meses en el de las grandes empresas.
También ha instado a que el Gobierno, tras la quiebra de un transportista de viajeros o de un organizador de viajes como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, cubra las solicitudes de reembolso de los pasajeros o viajeros posicionándose en la liquidación como acreedor asumiendo los derechos de los consumidores.