El sector turístico canario, representado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT Las Palmas); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) y la Federación Turística de Lanzarote (FTL) han insistido en la necesidad de obtener la exención total para Canarias en el nuevo marco regulador sobre pago de derechos de emisión para los vuelos en el espacio aéreo europeo.
Según explican, esto exigirá una “acción negociadora de envergadura a cargo de los gobiernos canario y central” en la Unión Europea. Para ellos, la iniciativa debe “basarse en los argumentos que Canarias ha planteado respecto a la fiscalidad ambiental para la aviación, porque el Archipiélago requiere de medidas específicas en este ámbito, tanto por su condición de Región Ultraperiférica (RUP) como por la relevancia del sector turístico en el tejido productivo de las Islas, basado además en una conectividad eficiente con sus principales mercados emisores, los países del continente europeo”, rezan en un comunicado.
Las asociaciones empresariales han visto refrendada su propuesta en favor de una exención para las Islas tras participar esta semana en el encuentro organizado por el Gobierno de Canarias con la directora de Política Regional responsable de las RUP en la Comisión Europea, Monika Hencsey, donde abordó, entre otros asuntos, la futura regulación comunitaria sobre el pago de derechos de emisión de CO2.
Al mismo tiempo, las patronales consideran que una decisión de la Unión Europea no puede perjudicar en concreto a un territorio sensible de la UE que tiene en la conectividad aérea un elemento estratégico para su modelo económico. De ahí que no resulte suficiente la exención ya obtenida para los vuelos interinsulares y nacionales, tal y como destacó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el transcurso de dicho encuentro. Es necesario negociar para lograr la exención total.
Dicho objetivo, explican, lo ven posible “sin ignorar las dificultades que comporta dicha negociación”, por lo que piden una “acción conjunta de las administraciones canarias, el Gobierno español y los representantes de España en el Parlamento Europeo, porque los argumentos de Canarias son muy sólidos”.