La patronal hotelera está de acuerdo en que hay que mejorar ante los retos de sostenibilidad turística.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ha alertado este miércoles de que la propuesta de implantar una ecotasa en Canarias, que Unidas Sí Podemos y PSOE llevan en sus programas, tiene un “claro componente electoralista” porque realmente “no es una tasa, sino un impuesto a la pernoctación, puesto que no contempla contraprestación alguna a esa exacción tributaria”.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación sobre los asuntos más importantes para la patronal en materia turística, Ashotel recuerda que en otros destinos españoles donde se ha implantado no hay un consenso sobre sus bondades y “tampoco se aporta información precisa sobre su destino ni sobre el uso que se da a ese dinero recaudado”.
Al mismo tiempo apunta que en Baleares o Cataluña se vendió para la mejora del espacio o de las infraestructuras turísticas y no ha sido así.
“Al principio, cuando se abrió hace algunas legislaturas el debate, se hablaba de una recaudación para Canarias, con una supuesta tasa de tres o tres euros por noche, de entre 160-180 millones de euros. ¿Qué se puede hacer con 180 millones de euros que no se pueda hacer con 2.700 millones de euros que ya recaudan las administraciones públicas del sector turístico en Canarias?”, se pregunta la patronal.
Entre esos asuntos, la patronal hotelera también aborda la falta de vivienda para personas trabajadoras del sector turístico, la conectividad aérea del archipiélago, la explotación turística ilegal o el alquiler vacacional en las islas.
La patronal hotelera también aborda la falta de vivienda para personas trabajadoras del sector turístico, la conectividad aérea del archipiélago, la explotación turística ilegal o el alquiler vacacional
En su opinión, “la oferta de vivienda pública o privada es muy reducida, lo que hace que los precios se incrementen, convirtiendo el acceso a la vivienda en un imposible para muchas personas trabajadoras”.
La patronal hotelera recuerda también que desde octubre de 2022 viene solicitando sin éxito a la Fecam una reunión junto con el sindicato mayoritario en el sector de alojamiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y plantear la necesidad de identificar bolsas de suelo en los municipios turísticos de Canarias que pudieran destinarse a la construcción de viviendas sociales que contribuyeran a reducir el problema existente.
Más viviendas
Otro de los asuntos trasladados es el relativo a la necesidad de revisar la regulación de la vivienda vacacional en Canarias, un modelo que Ashotel considera válido “siempre y cuando no genere problemas de convivencia en zonas y edificios residenciales y que no se convierta, como sucede actualmente en no pocos casos, en una explotación turística ilegal en complejos de apartamentos turísticos”.
Al respecto, la patronal hotelera ve con “preocupación” cómo surgen cada vez más viviendas vacacionales en complejos turísticos con división horizontal, que se explotan de forma particular al margen del principio de unidad de explotación que recoge la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias.
“La vivienda vacacional ilegal está destruyendo sectores como el del turismo rural, que tanto aporta a las medianías y a los entornos rurales y que ve cómo proliferan alojamientos ilegales a lo largo y ancho del territorio”, indica.
Conectividad aérea
Respecto a la conectividad aérea de Canarias, prácticamente la única vía que permite a las islas vivir del turismo, Ashotel insiste en que la regulación de la UE sobre el mercado de los derechos de emisión, con fecha de entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2024, “puede afectar negativamente al archipiélago, al generar un incremento en el precio de los billetes aéreos”.
La patronal hotelera recuerda que, a pesar de los contactos realizados, la propuesta sigue su curso, ya que ha sido aprobada por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y no distingue a territorios europeos ultraperiféricos, como es Canarias, de aquellos otros que están en el continente y que tienen alternativa al transporte aéreo.
“En una reciente carta de las patronales turísticas canarias al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se solicitó nuevamente su intervención para mediar con el Gobierno de España ante la inminente Presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2023 y adoptar todas aquellas medidas que permitan dejar a Canarias fuera de este mercado de emisiones, dado que no hay alternativa al transporte aéreo como sí ocurre en el resto del territorio continental europeo”, apunta la patronal hotelera.
Ashotel insiste en que la regulación de la UE sobre el mercado de los derechos de emisión puede afectar negativamente al archipiélago
Otro de los asuntos que preocupa a Ashotel es el debate creciente de algunos colectivos “que se arrogan la supuesta representación de una mayoría de la población” sobre el modelo turístico canario y que está derivando en una “clara turismofobia”.
Sostenibilidad turística
La patronal hotelera anima a esos colectivos a plantear de forma seria alternativas al sector que ha permitido a Canarias conocer unos niveles de desarrollo y bienestar “impensables” hace apenas 40 o 50 años.
Muestra de ello, detalla, es que el turismo representa el 35% del PIB de Canarias y emplea al 40% de la población activa de forma directa.
La patronal hotelera está de acuerdo en que hay que mejorar, especialmente ante los retos de sostenibilidad turística pues hay un “horizonte temporal muy a corto plazo” y advierte de que no se puede culpar a la actividad alojativa tradicional (hoteles y apartamentos) de los procesos de gentrificación provocados por la falta de una regulación adecuada para la vivienda vacacional.
En esa línea recuerda que el suelo turístico clasificado en Canarias está muy limitado y no se permite nueva clasificación, con lo que el crecimiento de nuevas plazas hoteleras o extrahoteleras no es muy previsible y que la que se lleve a cabo debe venir mediante la creación de nuevos complejos a través de la compra y renovación de algunos existentes en situación de obsolescencia.
