Se exigirá a los alojamientos de temporada que justifiquen la causalidad que les lleva a no acogerse a un tipo de alquiler ordinario.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que “ajuste y clarifique” los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.
De igual manera, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear al amparo del reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos.
Así lo ha trasladado la titular de vivienda tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, en la que ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente “el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria”.
“Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios”, ha manifestado Rodríguez.
Deberán justificar la causalidad
Tal y como ha indicado la ministra, organizaciones del sector y agentes sociales han concluido que es “necesario” establecer todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar el alojamiento de temporada.
“Los alquileres de temporada son para lo que realmente son”, ha sentenciado Rodríguez. Para ello, ha indicado que se desarrollará el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como el reglamento de la Unión Europea 2024/1028 sobre el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración.
Por ello, se exigirá a los alojamientos de temporada que justifiquen la causalidad que les lleva a no acogerse a un tipo de alquiler ordinario, con el objetivo de que no se “abuse” del contrato de alquiler temporal y, utilizando los registros autonómicos y locales, que estos alquileres temporales formen parte de la plataforma de registro único que el Gobierno quiere impulsar para los pisos turísticos.
El registro único será un sistema de matrículas
Respecto a la plataforma, Rodríguez ha indicado que, con ella, se pretende establecer un sistema similar al de una “matrícula” para que se sepa si una vivienda es protegida, temporal o turística.
“Uno no puede tenerla (una vivienda) en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces algo no está saliendo bien”, ha afirmado, a la vez que ha defendido este sistema como una manera de combatir el “fraude” que se está produciendo en algunas viviendas que se ponen como alquiler temporal, pero luego en la temporada de verano se establecen como vivienda turística.
“Eso es lo que manifestó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando en esa cita que suele reiterar, dice que la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento supone una razón imperiosa de interés general que justifica la adopción de todas las medidas que no sean discriminatorias y que sean proporcionadas para perseguir ese objetivo”, ha aseverado.
Listo a finales de verano
Al ser preguntada por plazos, Rodríguez ha recordado que el Gobierno tiene previsto que esta plataforma esté lista en 2025, pero se va a intentar poner en marcha “todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar”.
Por su parte, ha asegurado que el real decreto que quiere impulsar el Gobierno podría estar listo a finales de verano. “La idea es tramitarlo con absoluta rapidez en el seno del Gobierno y, por tanto, en las próximas semanas le daremos toda la celeridad que le podemos dar, cuidando los trámites de exposición pública a la ciudadanía”, ha añadido.
Cambios en la Ley de Propiedad Horizontal
En relación a la nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que el Gobierno quiere impulsar, Rodríguez ha defendido que, con ello, buscan “empoderar a los vecinos” para que su decisión sea “determinante” a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Así, el Gobierno ajustará la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la autorización o veto por parte de los vecinos a este tipo de actividades económicas, que “están impidiendo el acceso a las familias al alojamiento residencial”.
Para ello, se quiere clarificar que el alquiler de pisos turísticos es una actividad económica, lo que tendría también una repercusión desde el punto de vista fiscal, como, por ejemplo, a través de una repercusión del IVA.
El Ministerio de Vivienda comenzará a reunirse esta semana con grupos parlamentarios, sectores económicos afectados y agentes sociales a fin de garantizar “los apoyos necesarios para un ajuste quirúrgico restringido” a esta cuestión.
Por otro lado, la titular de Vivienda ha vuelto a llamar a todas las comunidades autónomas que se vean afectadas por el fenómeno de los pisos turísticos y a los ayuntamientos que lo sufran, a que “regulen si es necesario, a que limiten si es necesario y si es necesario, como ha hecho el alcalde de Barcelona, se prohíba, para garantizar el derecho de acceso a la vivienda”.
Críticas a la falta de “texto”
Por su parte, tanto el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, como la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT Confederal, Ana Isabel Gracia, han criticado que Vivienda no se haya presentado ninguna propuesta por escrito, por lo que han pedido al Ejecutivo un texto para poder seguir avanzando en la materia y poner fin al uso fraudulento del alquiler de temporada.
“La verdad que creíamos que nos iban a presentar un texto. No nos han presentado absolutamente nada”, ha afirmado Gracia, a la vez que ha indicado que no están “muy de acuerdo” en que se esté abordando la cuestión a través de un reglamento.
Por su parte, Bravo ha indicado que las medidas propuestas han sido recibidas de “manera positiva” y que, en relación a los pisos turísticos, han pedido a Rodríguez que este tipo de alojamiento tenga una licencia y un registro, con el objetivo de que esté controlado y autorizado quién pone en marcha un alojamiento de estas características.
El sindicato también quiere que se prohíban los pisos de alquiler turístico en zonas tensionadas y que se establezca, como se hace en ciudades como Nueva York, la prohibición de que un piso entero esté dedicado a alojamiento turístico. “Otra cosa es que alguien pueda dedicar una habitación concreta a ello”, ha añadido.
De igual manera, ha solicitado al Ministerio de Vivienda gravar con el tipo de IVA regular como actividad económica (21%) este tipo de actividad. Así, según Bravo, esto podría nutrir la tributación del Estado en 1.700 millones de euros anuales, que podrían dedicarse a la promoción de vivienda asequible y a vivienda de protección oficial.
