El Consejo de Turismo de la CEOE se suma a las reivindicaciones de las demandas planteadas por las principales asociaciones sectoriales de las agencias de viajes, representadas por Acave, Fetave y UNAV, y pide la suspensión de la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021.
Así se recoge en una nota publicada referida a esta norma, en la que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
En el escrito, admite su “profunda preocupación” y advierte de que la implementación de la norma podría tener consecuencias negativas significativas para el sector turístico en España al tratarse de una norma de imposible cumplimiento.
Entre las razones de este sentimiento este órgano empresarial destaca su posible incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea, en tanto que se piensa que puede vulnerar las reglamentaciones comunitarias sobre protección de datos y privacidad al no respetar los principios de proporcionalidad y minimización.
También considera que el RD implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios, además de carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, “lo que provoca inseguridad jurídica”, sostiene el informe de la CEOE.
Según la nota ejecutiva, la normativa ignora asimismo las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que las expone a importantes sanciones, debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
Falta de adecuación tecnológica
El Consejo de Turismo de la CEOE incide igualmente en la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma no está plenamente operativa, “lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento y añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligado”.
Al igual que han señalado Acave, Fetave y UNAV, este órgano especializado coincide en destacar como algo “relevante” que, las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).
Para terminar, el Consejo de Turismo de la CEOE -que integra a toda la cadena de valor de la industria con más de 200 organizaciones y empresas- insta a las autoridades competentes a tomar en consideración una serie de medidas, entre ellas la revisión del decreto “para alinearlo con las normativas europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales”, así como su adecuación a la realidad operativa del sector turístico, “evitando desventajas competitivas para las empresas españolas”.
También solicita que los datos solicitados deben limitarse a los que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial, tal como establece el artículo 5.2 del RD.
En su párrafo final, el escrito de la patronal invita al diálogo constructivo entre las autoridades y los representantes del sector turístico, pues entiende que es “vital” para garantizar que “las medidas sean viables, proporcionadas y que no afecten negativamente la competitividad del sector ni a la adecuación del empleo que genera”.
La nota ejecutiva íntegra emitida por la CEOE está disponible en las direcciones electrónicas de ACAVE, FETAVE y UNAV a través del siguiente enlace.
La preocupación se extiende por Europa
La preocupación que se está produciendo en nuestro país por parte de todo el sector turístico, más allá de las propias agencias de viajes y organismos como la CEOE, se está extendiendo en Europa, en tanto que es de obligado cumplimiento para todas las empresas nacionales y extranjeras.
En Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, las agencias de viajes y operadores turísticos también están alarmados por la falta de claridad sobre cómo manejar la nueva información requerida y cómo se garantizará la privacidad de los turistas.
Piet Demeyere, portavoz de TUI, considera "irrealista" implementar estos cambios tan rápidamente, ya que ni siquiera ninguno de los actores implicados tienen claro qué datos deben proporcionar.
Frank Radstake, de la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR), por su parte, critica las nuevas regulaciones, señalando la falta de claridad y las preocupaciones sobre la protección de datos personales.
Una de las mayores inquietudes manifestadas por esta asociación es la ingente cantidad de datos que han de proporcionar los turistas (que cifra en no menos de 40) y recuerda que esto puede afectar de forma seria a los más de cuatro millones de holandeses que cada año viajan a España.
El representante de ANVR, entre cuyos asociados la norma española ha causado gran revuelo, piensa incluso que puede ir en contra del Acuerdo de Schengen, que establece la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea.
La ANVR solicita que el ministro Veldkamp (Asuntos Exteriores) tome medidas para discutir las restricciones de viaje con los otros miembros de la UE. Radstake advierte: "Si otros países también siguen después de España, el Reino Unido y Alemania, realmente retrocederemos treinta años en el tiempo" en términos de libertad de movimiento y facilidad para viajar.
En esta tarea de sensibilización en el ámbito europeo, el trabajo llevado a cabo por ECTAA, patronal europea de las agencias de viajes, ha sido fundamental, realizando una intensa labor informativa a los principales operadores del sector en la UE. A instancias de ACAVE, a lo largo de los últimos meses han emitido cartas informando de las repercusiones del RD tanto para la operativa turística en España como para los mercados emisores que trabajan con nuestro país