Aerolíneas Argentinas acusa a Díaz Ferrán de apropiarse del dinero que le dio la Sepi para la aerolínea recién adquirida.
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, haberse apropiado de 453 millones de dólares (417,89 millones de euros en el momento de la admisión de la querella) de Aerolíneas Argentinas cuando estaba al frente de Air Comet porque no se ocupaba del “día a día” de la gestión de la compañía, según han informado fuentes jurídicas.
El exjefe de la patronal ha sido trasladado este jueves en un furgón de la Guardia Civil desde prisión, donde cumple condena por un delito fiscal cometido en el ‘caso Aerolíneas’ y por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans, para declarar ante el juez como imputado por delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Díaz Ferrán, que ha accedido engrilletado, vestido con chaqueta de color azul y visiblemente más moreno, ha asegurado en una comparecencia, que se ha prolongado durante 20 minutos, que no se ocupaba de la gestión diaria de Air Comet puesto que estaba en manos de su exsocio Gonzalo Pascual –fallecido en 2012–, y del entonces consejero delegado Antonio Mata, quien se encuentra imputado por los mismos delitos en esta causa.
Antonio Mata, condenado también a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal en el caso Aerolíneas, ha entrado con los grilletes puestos a la sala de vistas, donde ha defendido que el dinero entregado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a Air Comet se destinó a la implantación de un plan industrial en Aerolíneas y al pago de responsabilidades por contingencias.
En una declaración, que se ha prolongado durante 40 minutos, Mata ha indicado que esa gestión estaba respaldada por las firmas de la SEPI y de Air Comet y contaba con el control del Tribunal de Cuentas.
El magistrado les ha citado tras haber señalado las comparecencias desde el lunes como testigos de los administradores concursales de Air Comet, Luis Arqued Alsina, Luis López-Sierra y Mariano Hernández, del ex director financiero de la compañía, Antonio Martínez Llerandi, y de tres representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El juez, que admitió el pasado marzo la querella de la aerolínea estatal de Argentina contra ambos y contra Air Comet, acordó entonces tomar declaración a Pablo Olivera, Juan Gurbindo y Juan Massó, que ocupaban, respectivamente, los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, a la que solicitó el contrato de compra-venta de las acciones de Interinvest, participada mayoritariamente por Aerolíneas Argentinas, suscrito el 2 de octubre de 2011.
El dinero de la Sepi
Los querellantes acusaron a Díaz Ferrán y su exsocio Antonio Mata de apropiarse presuntamente de 453 millones de dólares que la Sepi entregó en 2001 a su compañía, Air Comet, para que los destinara a la “implantación de un plan industrial” en la recién adquirida Aerolíneas Argentinas.
En su opinión, lejos de poner en marcha el plan industrial y de destinar el dinero de la SEPI en el pago de responsabilidades por contingencias, los querellados “hicieron suyas dichas cantidades mediante una operación de compensación de deudas con otras cantidades que Air Comet adeudaba a Aerolíneas Argentinas, a través de cuentas corrientes mercantiles que existían entre ambas empresas que formaban parte del denominado Grupo Marsans”.
“A efectos contables y con el fin de justificar ante el Tribunal de Cuentas el destino” para el que les habían sido entregadas las ayudas, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, los querellados presentaron “varias certificaciones de auditor” elaboradas por la firma Price Waterhouse Coopers.
Aerolíneas Argentinas recordó que la Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2013 a Díaz Ferrán a dos años y dos meses de cárcel por un delito fiscal cometido en esta operación aunque señaló que la causa únicamente se centró en una ayuda de la SEPI de 319 millones de dólares para el pago de pasivos.
“Es decir, en total se realizaron tres pagos por la Sepi, el primero de ellos ya enjuiciado, siendo los otros dos pagos el objeto de la querella”, recoge el auto antes de apuntar que los querellantes disponen ahora de documentación de la que carecían en el anterior procedimiento seguido contra Díaz Ferrán, quien a principios de septiembre fue condenado por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans tras aceptar una pena de cinco años y medio de cárcel.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 reclamó además a Price Waterhouse Coopers que facilite las certificaciones de auditoría que emitió para acreditar el destino de los 248 millones de dólares entregados a Air Comet para la ejecución del plan industrial, así como del destino de 205 millones de dólares para ajustes del balance de transferencia, prevista todas ellas en el citado contrato de compra-venta.
