Ante el anuncio del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares de al ciudad, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha anunciado que “se está estudiando adoptar medidas legales ante los posibles indicios de prevaricación administrativa en todo el proceso”.
Fevitur ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma de adoptar “medidas radicales y populistas” que responden “únicamente a motivaciones políticas”, “como es la prohibición total de las viviendas turísticas vacacionales en edificios plurifamiliares”.
El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, ha manifestado en un comunicado que esta situación “denota la más absoluta animadversión hacia el turismo y hacia la economía”, así como la “incapacidad de gestión de una minoría radicalizada que por juegos de equilibrio parlamentario tiene responsabilidad en el gobierno municipal”.
Gomila ha declarado que no se está “frente a una regulación”, sino que se está “frente a una prohibición que empobrece la ciudad”, ha insistido Gomila, quien ha lamentado “las consecuencias adversas de la iniciativa para la pequeña y mediana empresa y el comercio de la capital balear”, así como un “claro lastre para la desestacionalización tantas veces promulgada por el ejecutivo y tan poco practicada”.
Finalmente, la patronal estatal de las viviendas turísticas vacacionales ha recordado las “sentencias favorables de Oviedo, Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias o Berlín”, en relación con otras regulaciones “mucho menos restrictivas de lo que se propone en Palma” y espera que en el caso de la capital balear “también será derogada”.
Gobierno para unos pocos
La reacción de Fevitur no es la única en contra de la prohibición del Ayuntamiento de Palma. Habtur Baleares, la patronal de alquiler turístico de las Islas Baleares valora muy negativamente la propuesta de zonificación presentada por el Ayuntamiento de Palma que prohíbe el alquiler en plurifamiliares en todo el término municipal.
Desde Habtur remarcan que “la prohibición a la que el gobierno municipal quiere someter la ciudad no sólo llevará consecuencias en las rentas de muchos ciudadanos que hasta ahora podían paliar la reducción de la misma en sus hogares mediante esta modalidad de alquiler, sobre todo en el caso del alquiler de habitaciones, sino que la oferta complementaria se verá gravemente afectada, lo que podrá comportar pérdidas en puestos de trabajo”.
Habtur Baleares también quiere “poner de manifiesto que el equipo de gobierno del Ayuntamiento sólo gobierna para unos pocos y desatiende una parte muy importante de la población negándose, no sólo a negociar, sino también a hablar con la patronal del sector cuando se presentan normativas tan importantes como la que hoy nos ocupa”.
Graves consecuencias para el tejido empresarial
También la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) se ha mostrado en contra por a sus posibles “graves” consecuencias para el tejido empresarial.
El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha sostenido que la prohibición del alquiler vacacional es contraria a la idea de “regularizar” y ha asegurado que dicha actividad “tiene la función de ser un efecto distribuidor de la riqueza en diferentes sectores de la población”.
Desde la patronal han sostenido que el turismo vacacional “no es el único responsable del aumento de precio de los alquileres, sino que se debe principalmente a la escasez de promociones residenciales para vivienda normal, la ausencia de vivienda pública y el alto número de inmuebles vacíos que se encuentran bajo la titularidad de la Banca, la Sareb o los fondos de inversión".
Por todo ello, el presidente ha afirmado que desde Pimem se presentarán las alegaciones pertinentes sobre este asunto.