Marichal y su socio defraudaron a Hacienda un total de 292.947,86 euros.
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, ha afirmado que “nunca ha habido intención de defraudar a Hacienda” tras confirmarse su condena a dos años de cárcel y una multa de más de medio millón de euros por fraude fiscal.
Marichal ha afirmado que pondrá su cargo como presidente de Cehat y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) a disposición de sus asociados, aunque ha descartado entregar su dimisión.“No pienso dimitir, pero sí voy a poner mi cargo a disposición de los asociados”, ha afirmado en Radio Televisión Canaria.
En un comunicado, Marichal ha asegurado que se trata de “un asunto de naturaleza estrictamente tributaria, derivada de una disparidad de criterios en una operación puntal”, que considera ajena a las organizaciones que representa. Sin embargo, ha manifestado que es conocedor de “la trascendencia mediática” que tiene esta noticia y ha resaltado que “adoptará la decisión más adecuada” para Cehat y Ashotel.
Su decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife haya confirmado la condena, por un delito de fraude fiscal, a dos años de prisión y una multa 585.000 euros, a los que tendrá que sumar cerca de 200.000 euros adicionales por intereses de demora a la Agencia Tributaria.
Además, Marichal no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas ni tendrá derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
El presidente de Cehat y Ashotel ha confirmado que ya ha abonado la multa de 585.895 euros, los 292.2947 euros del Impuesto de Sociedades reclamado a la empresa Marmón Atlantis SL y los 200.000 euros de intereses de demora. “Todas esas partidas están abonadas a la Agencia Tributaria desde el momento en que se exigieron”, afirma.
Los hechos se remontan a 2009, cuando el todavía presidente de Cehat y su socio en la empresa Marmon Atalntis SL no declararon en el Impuesto sobre Sociedades las cantidades por la venta de nueve apartamentos a la Clínica de San Eugenio SL, defraudando a Hacienda un total de 292.947,86 euros, según se desprende de la sentencia que ha publicado el diario canario El Día.
“Disparidad de criterios”
Marichal ha hecho público un comunicado en el que sostiene que la condena se debe a “una disparidad de criterios” entre la Inspección de Hacienda y sus asesores fiscales. El expediente se remonta a 2005, un año en el que Marmón Atlantis adquiere un inmueble que genera nueve apartamentos a la venta.
Según explica Marichal, en 2009, finalizadas las obras, se venden los nueve apartamentos por 1,49 millones de euros a una sociedad vinculada; en el momento de la firma se abonan a cuenta 200.000 euros y el pago del resto quedó aplazado a los siguientes seis meses.
El presidente de Cehat reconoce que “el precio aplazado no se abonó en el plazo previsto inicialmente en la escritura pública” porque, mediante pacto privado entre las sociedades, se aplazó el pago. Marichal admite el error de “no suscribir ningún documento público” que certificase este hecho.
Es entonces cuando Hacienda “entiende que no hay aplazamiento válido y, por tanto se ha producido el devengo del impuesto en su totalidad”, al mismo tiempo que la empresa creía que “no habiendo cobrado y novada la obligación y generado un nuevo plazo, el impuesto debía devengarse conforme al criterio de pagos aplazados”.
Siempre según el comunicado, “al día de las actuaciones no se había cobrado esa cantidad pendiente, pero Hacienda consideró y acumuló la venta en un solo acto y ejercicio, el cual, por el importe acumulado de la compraventa y su consecuente repercusión fiscal supera la cifra del delito fiscal, y remitió las actuaciones al Juzgado, dado que no hubo acuerdo con la Inspección de Tributos en cuanto al criterio interpretativo”.
La tesis de los asesores fiscales de Marichal “no ha prosperado” y, por tanto, “el Juzgado y la Sala han aplicado el criterio de Hacienda, dada la vinculación entre las sociedades”, dando como resultado la condena ratificada por la Audiencia Provincial de Tenerife.
“He acatado y cumplido la decisión judicial, como no puede ser de otra manera, pero no la comparto, por cuanto nos encontramos ante un claro supuesto de disparidad de criterios en la aplicación de la norma fiscal, sin que obviamente haya existido dolo ni intencionalidad alguna”, concluye Marichal.
