La Fiscalía considera que Díaz Ferrán y el resto de acusados han admitido su participación en los hechos.
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el ‘liquidador’ de empresas Ángel de Cabo han aceptado cumplir una pena de cinco años y medio y cinco años de prisión respectivamente por el vaciamiento del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores. En la primera sesión del juicio en contra de ambos y otras nueve personas la Fiscalía –que pedía 15 años para el empresario– las defensas y las acusaciones particulares han alcanzado un acuerdo de conformidad.
La Fiscalía, que acusa a ambos de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, considera que los acusados han admitido su participación en los hechos y han colaborado “en la reintegración en la masa concursal, de activos cuya existencia se desconocía” y que se cuantifican en unos 20 millones de euros, han informado fuentes jurídicas.
En concreto el Ministerio Público ha tenido en cuenta la colaboración de Díaz Ferrán para la recuperación de activos a través del organismo internacional de mediación y arbitraje, denominado Ciadi, ubicado en Washington, y que debe decidir si el Gobierno argentino debe abonar al empresario una indemnización de más de 1.000 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El dinero recuperado se destinará también al pago de los acreedores.
Ángel de Cabo ha aceptado una pena de cinco años de prisión
También De Cabo y su número dos, Iván Losada, han colaborado. El ‘liquidador’ señaló propiedades hasta el momento no detectadas en la investigación judicial mientras que Losada ayudó a que afloraran dos millones de euros que estaban depositados en cuentas de Luxemburgo, han indicad las mismas fuentes.
En su escrito definitivo, el Ministerio Público también se refiere a la devolución por parte de De Cabo y su esposa de los saldos de una cuenta abierta en Suiza y que ascendían a 4,9 millones de euros.
El fiscal Daniel Campos ha aplicado a las penas iniciales las atenuantes de disminución de los efectos del delito y confesión tardía. El resto de los acusados también han visto reducidas sus penas en virtud del acuerdo. Así, Losada ha aceptado dos años y medio de cárcel frente a los cuatro años y tres meses a los que se enfrentaba inicialmente mientras que el hijo de Díaz Ferrán, para el que se pedían ocho años y nueve meses, cumplirá finalmente 22 meses.
Otros siete acusados
Los otros siete acusados no ingresarán en prisión dado que las penas pactadas no alcanzan los dos años. La esposa de De Cabo, Consuelo Garrido, acepta un año frente a los dos años y nueve meses previstos; el hermano de ésta, Teodoro Garrido, y la secretaria de De Cabo, Susana Mora, quedan condenados a un año y medio en lugar de a los 4 años y 3 meses que pedía el fiscal.
Además, el financiero Carmelo José Estelles, ha aceptado dos años (el fiscal pedía 6 años y 3 meses); el empresario del transporte Antonio García Escribano, un año y medio (4 años y 3 meses era la petición inicial); el testaferro José Enrique Pardo dos años (frente a 4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo año y medio (de los 4 años y 9 meses iniciales). El acuerdo incluye también la imposición de multas que se incorporarán a la masa concursal y que ascienden a 1,2 millones en el caso de Díaz Ferrán y De Cabo.
El juicio continúa para cinco de las empresas del Grupo Marsans declaradas responsables civiles subsidiarias que no están conformes con abonar las cantidades que se les reclaman.
Empresas turísticas denunciantes
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de nueve personas en diciembre de 2012, en el marco de la ‘operación Crucero’, que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las empresas turísticas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.
El representante del Ministerio Público sostiene que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, el grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad, lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.
La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.
Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales “con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia”.
