El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde al acuerdo sobre las tarifas máximas que los operadores podrán cobrarse entre sí cuando sus clientes estén en otro Estado miembro, lo que supone el último paso de la legislación para asegurar que las comunicaciones en itinerancia serán gratuitas en el espacio comunitario desde este mes de junio.
“Los europeos podrán acceder a su correo electrónico, consultar un mapa, subir fotos a las redes sociales, llamar y escribir en el extranjero sin pagar más por ello”, ha celebrado la ponente de la Eurocámara para este asunto, la socialista finlandesa Miapetra Kumpula, cuyo informe ha sido adoptado por el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), por 549 votos a favor, 27 en contra y 50 abstenciones.
Tras un proceso que ha durado casi diez años y que ha llevado a rebajar en casi un 90% desde 2007 el coste de las llamadas u otras comunicaciones móviles cuando se está en otro Estado miembro, la Unión Europea aplicará a partir del 15 de junio de este año el fin del roaming.
Sin embargo, las instituciones europeas han previsto un marco que delimita el "uso leal" del servicio en itinerancia sin sobrecostes, para permitir a las operadoras reintroducir una tarifa adicional de manera temporal y sujeta a condiciones si detecta irregularidades.
Las compañías tendrán que ofrecer un servicio de roaming al mismo precio que las comunicaciones nacionales a todo cliente que resida regularmente o demuestre un vínculo con el lugar en donde contrate la línea, aunque viajen periódicamente a otro Estado miembro.
Los proveedores, por su parte, podrán aplicar un mecanismo de control “justo, razonable y proporcionado” para detectar posibles abusos o un uso anómalo del servicio contratado.
El operador tendrá que haber detectado un uso irregular de su tarifa, por ejemplo porque su consumo es mayor en el extranjero que en su Estado de residencia, durante un periodo de al menos cuatro meses antes de iniciar el proceso contra un cliente por presunto “abuso”.
Si la factura del cliente apunta que durante ese tiempo ha estado más en otro Estado miembro que en el propio o que ha consumido más datos durante sus viajes por la UE, entonces la empresa podría enviarle un “mensaje de alerta”.
Esta alerta dará un plazo de 14 días al usuario para justificar su situación de viaje o modificar sus pautas de consumo. “Sólo se le podrá imponer una carga muy baja por itinerancia”, ha advertido Bruselas, en el caso de que las explicaciones del usuario no sean satisfactorias.
Límites a precios mayoristas
El tope mayorista para datos se rebajará de los 50 euros por GB a 7,7 euros por GB con la entrada en vigor del “roaming como en casa” este mes de junio, y continuará bajando de forma progresiva: 6 euros/GB en enero de 2018; 4,5 euros/GB el 1 de enero de 2019; 3,5 euros/GB en la misma fecha de 2020; 3 euros en 2021; hasta fijarse en 2,5 euros/GB en 2022.
La UE ha calculado este recorte progresivo en base a la previsión de que el mayor uso de servicios móviles de datos y el desarrollo de nuevas tecnologías y una competencia efectiva contribuyan a reducir el coste de los servicios en itinerancia que ofrecen los operadores.
Para las llamadas de voz, el bloque comunitario se reducirá de 0,05 euros/minuto a 0,032 euros/minuto; mientras que el tope para los mensajes de texto será de 0,01 euros por mensaje.
Ello implica que decayó el mecanismo de salvaguarda que reclamaban los países del sur, en especial España, para compensar a los operadores de países en donde existe una gran afluencia de turistas extranjeros.
La idea era proteger la sostenibilidad del sector mayorista con la posibilidad de imponer un recargo en circunstancia “excepcionales” y previa autorización previa del regulador, siempre que la tarifa final no superara los 0,0085 euros por MB.