Las empresas podrán cubrir un 40% de la caída de la facturación en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.
El Gobierno ha aprobado este viernes el paquete de ayudas públicas para empresas y autónomos tras el Consejo de Ministros. Este fondo, dotado de 7.000 millones que gestionarán las comunidades autónomas, se destinará a empresas que hayan registrado pérdidas del 30% o más por la pandemia.
Así, el Gobierno espera que en un máximo de 40 días se disponga del instrumento legal que regule la transferencia para que cada comunidad autónoma gestione el dinero, de modo que las subvenciones lleguen a sus destinatarios a finales de abril, según adelanta el diario El Mundo.
El fondo de ayudas directas a empresas lo gestionarán las comunidades autónomas, si bien la Agencia Tributaria controlará los requisitos para obtener las prestaciones y Baleares y Canarias tendrán una partida especial por el impacto en el sector turístico con un fondo de 2.000 millones. Con estas ayudas, las empresas podrán cubrir un 40% de la caída de la facturación en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.
La ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha informado que las comunidades racionarán el dinero en cantidades que pueden alcanzar los 3.000 euros en el caso de los autónomos que tributen por módulos y 4.000 para el resto, mientras que se podrá repartir hasta 200.000 para las empresas.
Además, este paquete se complementará con un plan de reestructuración financiera dotado de 3.000 millones que gestionará el ICO para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos, que permitirán convertir los crédito en préstamos participativos, así como otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal. Para ello, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el sector bancario.
Por último, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas y que obligará a estas empresas a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán ni repartir dividendos ni incrementar la remuneración de la alta dirección en dos años.
