Maroto confirma que el Gobierno están trabajando para adaptar el contenido del certificado a la normativa española.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que “aún quedan semanas” para que el pasaporte COVID esté disponible, pero espera que “esté preparado con el reinicio de los viajes”.
Así lo ha manifestado en Telecinco, donde ha calificado de “buena noticia” la propuesta de la Comisión Europea, que presenta este miércoles, para crear un certificado digital.
Sobre ello, Maroto ha señalado que es "un instrumento para garantizar una movilidad segura" y desde el Gobierno están trabajando para adaptar el contenido del certificado o 'Green Pass' a la normativa española.
El certificado digital incluye las acreditaciones de los desplazamientos de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también de aquellos que cuenten con anticuerpos o un resultado negativo en un test antes de viajar.
Además, la titular de la cartera de Turismo ha confirmado que existe un interés por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para contar con protocolos comunes que favorezcan la movilidad fuera de la Unión Europea con países de Latinoamérica y Asia o EE.UU.
Propuesta de Bruselas
La Comisión Europea presenta este miércoles su propuesta para crear un certificado digital que facilite los desplazamientos de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también de aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.
La iniciativa legislativa de Bruselas responde a las demandas de países que como Grecia y España cuentan con un importante sector turístico y reclaman medidas para poder reactivar esta industria de cara al verano, si bien desde el Ejecutivo de Ursula von der Leyen insisten en que no debe entenderse como un “pasaporte” sino como un documento con información médica.
La idea de que la vacunación contra el coronavirus lleve asociado el derecho a la libre circulación despierta fuertes reservas en otros países como Francia o Bélgica, que ya han avisado de que no ven con buenos ojos vincular derechos fundamentales a la inoculación de una vacuna
