Algunos sectores parlamentarios abogan por mejorar el sector turístico mientras que otra parte del espectro político opta por transformar el modelo económico del archipiélago.
El Parlament balear ha aprobado una iniciativa para pedir al Gobierno central que renegocie los plazos de ejecución y justificación de la adjudicación de fondos europeos para el sector turístico para que se prolonguen, como mínimo, hasta el año 2026.
La iniciativa, que ha partido del PP, se refiere en concreto a fondos enmarcados en el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico y de Estrategia de Resiliencia Turística para territorios extrapeninsulares y a proyectos fruto de convocatorias ya lanzadas que se puedan poner en marcha en los próximos meses, con ejecución en diciembre de 2024 o justificación en junio de 2025. En el caso de Baleares, son recursos dirigidos a responder a los retos específicos del sector turístico.
En la defensa de la Proposición No de Ley (PNL), que ha contado con 58 votos a favor y la abstención de la diputada de Unidas Podemos, el ‘popular’ José Luís Mateo, ha advertido que no disponer de estos recursos sería una “irresponsabilidad” y que se trata de una cuestión “que no va de ideologías o partidos”.
El PSIB ha votado a favor de la iniciativa, aunque el diputado socialista Carles Bona ha recordado que el actual Govern “se ha encontrado con el trabajo hecho por el anterior Ejecutivo”.
La diputada de Vox María José Verdú ha recordado la necesidad de flexibilizar los plazos para poder ejecutar las mejoras necesarias en el sector turístico del archipiélago y ha reclamado que los recursos se empleen de manera adecuada.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha hecho hincapié en que los fondos europeos son una de las principales fuentes de financiación para la transformación del modelo económico y ha reclamado la necesidad de una administración más ágil porque “hay un problema en la ejecución”.
Cristina Gómez, de Unidas Podemos, ha justificado su “abstención constructiva” por el hecho de que el Govern tendría que haber pedido por propia iniciativa la renegociación de los plazos.
