El Gobierno de Canarias ha exigido este lunes al Gobierno que autorice llevar a cabo una consulta ciudadana en relación a las prospecciones que se van a realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura antes de que proceda a las autorizaciones para llevar a cabo los sondeos petrolíferos.

“Los canarios van a ser escuchados. Exigimos que sean escuchados y que la voz de Canarias cuente en la decisión que va a tomar el Gobierno de España, y van a ser escuchados por una vía o por otra”. Así lo ha anunciado tras un consejo extraordinario el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por todos los miembros del Ejecutivo.

Paulino Rivero ha adelantado que a partir de la próxima semana el Gobierno de Canarias iniciará una ronda de contactos con todos los partidos políticos del ámbito estatal y autonómico para fijar una hoja de ruta respecto a los sondeos. “Creemos que éste es un asunto donde toda la sociedad canaria tiene que tener la posibilidad de participar”, señaló.

Además, el Gobierno canario impulsará con carácter urgente el desarrollo reglamentario de la Ley de Participación Ciudadana aprobada en 2010. “Vamos a acelerar estos trabajos para tener un instrumento de participación, de cauce y como vehículo para escuchar la opinión de la ciudadanía”, indicó.

Al mismo tiempo, el Consejo ha acordado solicitar al Parlamento autonómico la celebración de un pleno extraordinario para debatir una comunicación del Gobierno sobre este asunto.

Rivero ha advertido también de que si el Ministerio de Industria autoriza finalmente las prospecciones, el Ejecutivo autonómico utilizará todos los mecanismos que da el Estado de derecho para presentar los recursos correspondientes en la vía jurídica. Incluso, impulsará las acciones penales que se derivarán de responsabilidades de la declaración de impacto ambiental.

“Falta de lealtad”

En su intervención, el presidente canario criticó la “falta de respeto y lealtad” que ha tenido el Gobierno del PP con respecto a las prospecciones petrolíferas. “No ha habido respeto ni lealtad institucional, no hay transparencia, hay opacidad y un ninguneo permanente a las instituciones canarias”, subrayó.

Además, dijo que éste “no es un asunto jurídico, ni técnico o que tengan que resolver los burócratas de los distintos departamentos del Gobierno de España; es un asunto político, social, que tiene que ver con el futuro de las nuevas generaciones de Canarias y con las relaciones Canarias-Estado”.

También quiso dejar claro que ante las prospecciones la voluntad del Gobierno de las islas siempre ha sido el diálogo. “Sin embargo, nuestras invitaciones al diálogo y a la reflexión siempre han sido cercenadas por decisiones unilaterales del Gobierno del Partido Popular, avanzando hacia las autorizaciones de un expediente que puede hipotecar el futuro de Canarias”, criticó.

Respecto a las movilizaciones que se han convocado para los próximos días, el presidente canario señaló que desde un primer momento el Gobierno de Canarias ha estado posicionado “rotundamente en contra del petróleo”, por lo que ve con “simpatía” las movilizaciones que se puedan producir.