La quiebra de Spanair, que cesó su actividad el 27 de enero de 2012, será investigada en una comisión de investigación que creará el Parlament catalán, tras una iniciativa de Ciudadans (C’s) que ha conseguido el apoyo de todos los grupos parlamentarios: CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y el PP, además de la CUP, que forma parte del grupo mixto.

Así lo ha dicho este viernes en rueda de prensa en el Parlament el líder de C’s, Albert Rivera, que ha explicado que el objetivo de esta comisión es poner “luz y taquígrafos sobre los 185 millones de euros públicos” que se invirtieron en la compañía aérea.

“¿Cómo se pueden invertir 185 millones de euros entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en una aerolínea en quiebra y que nadie dimita?”, se ha preguntado Rivera.

Ha sostenido que pedirá a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, celeridad para convocar la primera reunión de la comisión, pese a admitir que ve complicado que las comparecencias puedan iniciarse en julio y que confía que la comisión se ponga en marcha en septiembre.

“En un momento de recortes y subida de impuestos, también es momento de dar explicaciones a los ciudadanos de por qué la Generalitat invirtió 120 millones y el Ayuntamiento de Barcelona más de 60”, ha defendido, y ha pedido generosidad al resto de grupos y no tener miedo a las comparecencias, que servirán para dignificar la gestión pública, ha dicho.

“Brillante idea”

Rivera ha querido dejar claro que el objetivo de la comisión no es hacer un juicio paralelo, pero ha considerado lógico pedir responsabilidades a los que tuvieron "la brillante idea” de invertir en la aerolínea, en la que se hizo una gestión negligente, ha indicado.

“Spanair estaba en quiebra cuando se compró y continuó en quiebra. Queremos saber por qué esta operación se hizo tan mal. Sólo hemos escuchado lamentos, pero nadie ha dimitido ni ha asumido responsabilidades”, ha destacado Rivera, para el que serían necesarias las comparecencias de los responsables del anterior gobierno tripartito y del actual de CiU, además de los miembros del gobierno municipal del socialista Jordi Hereu y de Xavier Trias.

Juicio por la quiebra de Spanair

Esta semana se ha celebrado el juicio por la quiebra de Spanair, que ha quedado visto para sentencia, y la Fiscalía de Barcelona ha reclamado que el consejo de administración de la aerolínea pague 47 millones de euros por su presunta negligencia al haber retrasado desde junio de 2011 cinco meses la petición del concurso de acreedores, agravando así el estado de insolvencia de la compañía aérea.

La fiscal de delitos económicos Raquel Amado ha rebajado la petición de 72 a 47 millones al considerar que Avança –empresa pública participada al 100% por la Generalitat– es también administradora y por tanto responsable: como ya había aportado 25 millones cuando la aerolínea estaba en quiebra, hay que restar esta cantidad a la cifra inicial.

Tanto la fiscal como el representante del administrador concursal, Bosco De Gispert, coincidieron en sus conclusiones este jueves, último día de juicio, en que a fecha 30 de junio de 2011 la empresa ya era insolvente, aunque el administrador, a diferencia del Ministerio Público, sigue reclamando 72 millones.

Sin embargo, la defensa enumeró como garantías de que era viable económicamente los 18 millones que tenía en caja, los fondos públicos que tenían aun por gastar y su cumplimiento con los pagos, y consideró que “Spanair mostró su solvencia volando” ya que siguió operando con normalidad hasta final de año.