Con esta medida de limitar las gasolineras de un mismo proveedor, el Ejecutivo pretende que el ciudadano pueda elegir suministrador.
La nueva Ley de Carreteras no permitirá que los conductores encuentren tres gasolineras seguidas de un mismo operador a lo largo de una carretera, según anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Con esta medida, el Gobierno persigue que los viajeros encuentren en una carretera distintos suministradores de carburante “para que puedan elegir” y con el fin último de fomentar la competencia.
Así lo indicó Pastor en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de Ley de Carreteras y la Ley del Sector Ferroviario.
Esta medida se sumaría a las ya puestas en marcha por el Gobierno para fomentar la competencia en el sector de la distribución de carburantes, entre ellas las de limitar al 30% el porcentaje máximo de gasolineras que los grandes operadores pueden instalar en cada provincia, y las que sopesa introducir en la modificación de la Ley de Hidrocarburos.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas que la Ley de Carreteras incluirá para mejorar la gestión de las vías, entre las que también figura la apertura de nuevas áreas de servicio a la promoción privada y la construcción de aparcamientos seguros para garantizar la seguridad de los conductores, sus vehículos y mercancías.
Retirada de publicidad
Además, en esta misma línea, la ley capacitará al Gobierno a ordenar la retirada de publicidad que pueda afectar a la seguridad viaria o la explotación de la carretera, tanto en sus tramos interurbanos como en las travesías urbanas.
La Ley de Carreteras en la que se incluyen estas iniciativas tiene como objetivo actualizar la legislación en materia de carreteras, que data de las décadas de los setenta y los ochenta, para incluir los cambios registrados desde entonces en el sector y garantizar una adecuada prestación del servicio público viario.
La red de carreteras del Estado, que suman 26.200 kilómetros de longitud, soporta el 51% del tráfico total de vehículos y el 63% del tráfico de vehículos pesados.
Para ello, la Ley incluye medidas para garantizar la optimización de los recursos públicos, la seguridad vial y la gestión de las carreteras.
Así la norma obligará a que todo proyecto de una nueva vía se someta a un “análisis previo de eficiencia e intermodalidad” y a realizar de evaluaciones de impacto sobre la seguridad vial de las carreteras, tanto en su fase de planificación como en su construcción y explotación.
