El juez del Juzgado de lo Mercantil número uno de Palma, Víctor Fernández González, ha desestimado la demanda interpuesta por la administración concursal de Orizonia que reclamaba que se declarase “perjudicial” la asunción de una deuda por valor de 6,7 millones de euros y la aportación del crédito de 6,1 millones que Orizonia “ostentaba frente” a Luabay tras el acuerdo de ampliación de 2012.

Así este juzgado ha dictado una sentencia en la que desestima la demanda interpuesta por la administración concursal de Operadores Vacacionales, y Orizonia Travel Group y Viajes Iberia, frente a Inversiones Costa Adeje, Luabay Hoteles y Apartamentos, Techite Inversiones 2012, Operadores Vacacionales, y Orizonia Travel Group y ha absuelto a los demandados.

Cabe destacar que la decisión no es firme y que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Situación “crítica”

En el escrito, el juez explica que la prueba practicada en autos revela que la situación de Orizonia, de las sociedades integrantes del grupo, a la fecha de la firma del contrato objeto de reintegración “era crítica, cuando no de absoluta paralización o cierre”.

Además, señala que se acreditaría que “no se produjo una pérdida de valor de los bienes y derechos de las concursadas, sino todo lo contrario, se ejecutó una puesta en valor gracias a Globalia, que impidió el cese absoluto de la actividad de la totalidad del grupo Orizonia”.

Orizonia contaba con más de 5.000 trabajadores a principios del año 2013 y los administradores concursales de la sociedad reclamaban a Carlyle 160 millones de euros.

El titular del Juzgado dictó recientemente un auto en el que homologaba el acuerdo alcanzado entre la Administración concursal de Orizonia y Carlyle, por la que este último abonará 10 millones de euros. Las partes aceptan que esta cantidad contribuye a facilitar la liquidación de las sociedades concursadas y a paliar cualquier efecto negativo de la insolvencia.