En 2014, el Gobierno anunció la centralización, a partir del 1 de enero de 2015, de los más de 25 contratos de servicios de agencias de viajes.
La Administración General del Estado ha hecho el anuncio previo de la licitación de su servicio de viajes por un valor de 285 millones de euros, según ha podido saber AGENTTRAVEL. Esta es la segunda convocatoria del megacontrato que hace el Estado desde que decidió centralizar su servicio de viajes. En 2015, la minorista del Grupo Globalia, Halcón Viajes, fue la adjudicataria del primer gran contrato de viajes del Estado.
El plazo de ejecución del contrato es de dos años. El anuncio no detalla la posibilidad de prórrogas.
El objeto del concurso será la prestación del servicio de agencias de viajes para la gestión de los desplazamientos y estancias de las personas con cargo a la Administración General del Estado.
En concreto la empresa adjudicataria se encargará de la gestión de la reserva, emisión, modificación, anulación y entrega de los billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, los bonos de alojamiento y el alquiler de vehículos.
Cinco lotes
El servicio se dividirá en cinco lotes:
- El lote 1 lo compone el Ministerio de Defensa.
- El lote 2, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- El lote 3, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y Presidencia del Gobierno; el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Justicia.
- El lote 4 lo integran el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- Por último, el lote 5 lo compone el Ministerio del Interior.
En 2014, el Gobierno anunció la centralización, a partir del 1 de enero de 2015 los más de 25 contratos de servicios de agencias de viajes. Esta centralización, que supone unificar la contratación de unos servicios que mueven más de 60 millones de euros anuales, entró en vigor de forma paulatina desde 2015, a medida que se terminaron los contratos de los Ministerios y organismos públicos.
