Las aerolíneas subrayan que el sector aéreo está “totalmente comprometido” con la “sostenibilidad de la aviación.
La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) ha pedido al Gobierno que rechace cualquier tentación de gravar al sector de la aviación en Europa con un impuesto sobre el combustible o los billetes –en función de su impacto medioambiental–, una medida que han propuesto Bélgica y Países Bajos, pues tendría “un efecto muy negativo” en el sector que “frenaría su crecimiento”, y con ello, “la conectividad aérea y el turismo”.
Desde Aceta, asociación que agrupa entre otras compañías aéreas a Iberia, Vueling, Air Europa, evelop, Iberia Express, Air Nostrum, Binter y Canair, cuestionan la eficacia de Bruselas pues se trata de “un gravamen con una finalidad recaudatoria, que no guarda relación alguna con la reducción de emisiones de CO2 que se persigue”
“La propuesta de un nuevo impuesto a la aviación se sumaría a otras tasas ya en vigor como las aeroportuarias y de navegación, que encarecerían el transporte aéreo al desalentar a los pasajeros a utilizar el avión para viajar, lo que perjudicaría al turismo, e indirectamente, a la economía”, señalan a Europa Press fuentes de Aceta, que recuerdan que Países Bajos ya introdujo esta tasa en 2008 y la eliminó un año después.
Derechos de emisiones CO2
Las mismas fuentes recuerdan que la aviación se rige ya por el comercio de derechos de emisiones de CO2, con vistas a la ejecución en 2010 del acuerdo alcanzado en la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI, en sus siglas en inglés), el conocido Plan CORSIA, y respaldado por la mayoría de países miembros, incluido España.
Las aerolíneas subrayan que el sector aéreo está “totalmente comprometido” con la “sostenibilidad de la aviación”, pues ha acometido un importante esfuerzo inversor en renovar su flota con aviones más eficientes, y que la aviación la primera actividad en alcanzar un acuerdo mundial para reducir emisiones.
Según Aceta, un impuesto a la aviación como propone Bélgica chocaría con lo establecido por la propia OACI, pues, en su opinión, desoye el plan de reducción de emisiones de CO2 para la aviación comercial ya acordado, e introduciría “una duplicidad de medidas aplicables a las emisiones de vuelos internacionales, lo que provocaría distorsión competitiva”.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló ayer que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es “interesante”, pero pidió ser “prudentes” y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.
Las compañías aéreas piden al Gobierno que rechace un impuesto a la aviación y apueste de forma decidida por implementar el acuerdo global de emisiones de la OACI, y que apueste por otras alternativas entre las que reclaman incentivos a la investigación de combustibles sostenibles en la aviación para fomentar su uso.
Acuerdo de reducción de emisiones de la OACI
El Plan CORSIA, alcanzado en 2016 tras seis años de negociaciones, empezará a implantarse en 2021 y se extenderá inicialmente hasta 2035. En términos generales, supone la limitación del crecimiento de emisiones del conjunto de la aviación mundial a partir de 2020, con un estándar que la aviación tendrá que cumplir con un nivel mínimo de referencia (una emisión máxima de combustible por kilómetro de vuelo que no debe superarse).
A partir de 2023, se aplicará a los diseños de los aviones existentes todavía en la producción en esa fecha. El siguiente hito será implantar una medida basada en el mercado para hacer frente a las emisiones de CO2 para evitar la distorsión competitiva que generaría la proliferación de esquemas regionales no homogéneos.
