La Comisión Europea ha señalado que los Estados miembros pueden conceder ayudas a aerolíneas afectadas por la crisis de coronavirus, como las que Francia y Países Bajos pretenden adoptar con Air France y KLM, pero ha recordado que cualquier apoyo debe respetar las reglas del mercado interior para no distorsionar la competencia.
Al ser preguntada en una rueda de prensa por estos dos casos, la portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Arianna Podesta, ha asegurado desde un punto de vista general que el marco temporal sobre ayudas de Estado permite a los gobiernos dar ayudas “específicas y proporcionadas”.
“Mientras que también limiten las distorsiones innecesarias sobre la competencia en el mercado interior. El objetivo es este”, ha añadido, después de subrayar que Bruselas es “muy consciente” de la “difícil situación” a la que se enfrenta el sector de la aviación.
El sector de la aviación es uno de los más golpeados por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y precisamente este lunes nueve Estados miembros, entre ellos España, han enfatizado en una carta conjunta que es “esencial para el turismo” y para el futuro de las economías europeas. En esta línea, han instado a facilitar el acceso a liquidez de las aerolíneas.
La Comisión Europea ha relajado desde el comienzo de la crisis las reglas sobre ayudas de Estado para que los gobiernos puedan inyectar fondos a compañías en dificultades ya sea a través de ayudas directas, préstamos o aplazamientos fiscales.
Nacionalizar las empresas
Bruselas está elaborando además una nueva modificación de estas normas que permitiría a los Estados miembros entrar en el capital de empresas afectadas, permitiendo así su nacionalización. Pero existen dudas sobre los efectos que este tipo de movimientos pueden tener sobre la competencia en el mercado único, puesto que hay países con más margen para aprobar este tipo de ayudas que otros.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario ha planteado a las capitales una nueva ampliación del marco temporal de ayudas de Estado, para que las compañías puedan anotarse como deuda subordinada los préstamos que reciben de sus gobiernos. Esta medida, al igual que la recapitalización de empresas, todavía se encuentra en fase de borrador y a la espera de que las autoridades comunitarias la adopten definitivamente.