El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado esta semana el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin embargo, se pone en duda que esa compañía cumpla con las condiciones para ser considerada de interés estratégico y para justificar una aportación pública de 53 millones de euros, ya que opera menos del 1% de las conexiones aéreas y en pérdidas desde su creación en 2011, según publica Vox Populi.

Concretamente el Gobierno ha autorizado en el Consejo de Ministros una ayuda desglosada en un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de otros 19 millones para esta aerolínea que opera vuelos de larga distancia con Latinoamérica. Esta empresa tendrá un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos recibidos.

Cabe recordar que el fondo de rescate de la SEPI está destinado a apoyar a empresas “estratégicas” para el tejido productivo nacional o regional por “su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos”.

Según destaca el diario digital, la compañía operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico, muy por detrás de otras aerolíneas españolas. En 2019 se produjeron 2,36 millones de operaciones en la red de Aena. De esta forma, si se tiene en cuenta esta cifra, Plus Ultra apenas representó el 0,03% del total.

Además, el 47% de la aerolínea rescatada pertenece a la sociedad Snip Aviation, propiedad de los venezolanos Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, todos ellos cercanos al gobierno venezolano.

Este rescate se produce mientras cientos de miles de autónomos y pymes españolas que llevan prácticamente un año sin poder registrar actividad ni generar ingresos y sin recibir ayudas directas por parte del Gobierno.