Los trabajadores lamentan “que no se haya firmado un expediente que responsabilice del pago de la totalidad de las indemnizaciones a Royal Caribbean”.
Un total de 34 trabajadores del grupo Pullmantur han decidido impugnar judicialmente el ERE aprobado el pasado 30 de abril por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, al entender que “se ha tramitado en fraude de ley y, por tanto, puede ser nulo de pleno derecho”, según ha informado a AGENTTRAVEL el abogado Francisco Villa.
La comisión para la negociación del ERE se constituyó en febrero de 2021 y se llamó a la mesa al principal accionista de la sociedad, Royal Caribbean que, según relata Villa, “debía haber aportado documentación económica sobre la sociedad, conforme a la normativa que regula los ERE, al estar ante un posible grupo laboral de empresas, lo que puede dar lugar a una nulidad del expediente”.
Villa sostiene que, “a pesar de las evidencias de que se trata de un posible grupo laboral de la empresa”, la Administración Concursal presentó un escrito donde solicitaba que se suspendieran las facultades de Pullmantur y fuese sustituido por la propia Administración Concursal.
“En el escrito se detalla la existencia de todos los presupuestos necesarios para apreciar un grupo laboral de empresas entre el Grupo Pullmantur y Royal Caribbean. El expediente se ha cerrado con acuerdo y sin que Royal Caribbean se haga responsable de las indemnizaciones pactadas, abocando a los trabajadores a tener que ir al Fogasa, ante la falta de tesorería y situación de insolvencia en la que se encuentra Pullmantur”, lamenta el abogado.
Los trabajadores ponen de manifiesto que el Juzgado Mercantil acordó en septiembre de 2020 “suspender las facultades de Pullmantur Cruises sobre la masa activa”. Del auto, señalan hechos “que el juez del concurso da como probados”, como que los buques Zenith, Monarch, Sovereign y Horizon, propiedad de Royal Caribbean “han sido desmantelados entre los meses de enero y marzo de 2020, inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, a pesar de que los mismos tenían un plazo de explotación previsto que se prolongaba hasta el año 2022, y la tesorería de la sociedad deudora ha sido transferida a otras sociedades maltesas distintas de la deudora”
Asimismo, el juez reconoció que “el desmantelamiento y desguace de dichos buques cercena completamente las posibilidades de continuidad de la concursada en el sector de los cruceros que venía constituyendo su principal actividad” y que “Royal Caribbean concurre en el mercado internacional de los cruceros con 665 rutas y 59 barcos”.
Cabe reseñar, según el abogado, que el Juzgado de lo Mercantil manifestó que “carece de una explicación razonable, de haber discontinuado apresuradamente una actividad que venía prestándose por Pullmantur de forma regular, pudiendo depararse graves perjuicios para la masa pasiva del concurso”.
Posible impago de las indeminizaciones
El abogado sospecha que las decisiones de Pullmantur pueden deberse “a una influencia de su socio indirecto Royal Caribbean por el interés en captar su mercado”. Lo anterior justificaría que “en aras de evitar que ese influjo pudiera seguirse ejerciendo con posterioridad a la apertura del procedimiento, deba acordarse la suspensión de facultades del actual órgano de Administración y su sustitución por la Administración concursal”.
Según Villa, “la existencia de una situación de riesgo de que el actual órgano de administración pudiera ser permeable a instrucciones externas durante la tramitación de este expediente” es “base suficiente para adoptar la medida de cambio de régimen de facultades interesada”.
Además, apunta que “el simple hecho de que Royal Caribbean se oponga, de forma incluso más firme que la propia concursada, a la sustitución del órgano de administración con el que ha mantenido hasta la fecha relación, para que no sea apartado del cargo quien hasta la fecha venía ocupándolo, no hace sino reafirmar la conveniencia de la medida”.
En definitiva, los trabajadores lamentan que “a pesar de las evidencias”, “no se haya firmado un expediente donde se responsabilice del pago de la totalidad de las indemnizaciones pactadas a Royal Caribbean” y pronostica que estas “tendrán que ser asumidas por el Estado Español, a través del Fogasa, por su más que posible impago”.
