El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha informado que esta adenda implica a los servicios ferroviarios de proximidad en algunas rutas durante tres años.
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de una nueva adenda para aportar 214 millones de euros adicionales a la financiación de Renfe para asegurar la continuidad de todas las mejoras y nuevos servicios implantados a lo largo de 2023, así como para compensar los mayores costes, como el de la electricidad.
En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha informado que esta adenda implica a los servicios ferroviarios de proximidad para las relaciones entre Palma del Río y Villa del Río (Córdoba), Illescas y Fuenlabrada/Humanes, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia durante, al menos, tres años.
Así, la adenda incluye 33,8 millones de euros para financiar la prestación este servicio entre 2023 y 2025, como experiencia piloto, ampliable a toda la vigencia del contrato entre Renfe y la Administración General del Estado (AGE) (hasta 2027 sin prórroga y hasta 2032 con prórrogas), si se cumplen los requisitos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
También se financian los nuevos servicios Avant para viajeros recurrentes, en las relaciones entre Madrid-Palencia, Madrid-Zamora-León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. Para financiar el déficit de explotación de estos servicios se prevé un crédito de 12,7 millones de euros hasta el fin del contrato entre Renfe y la AGE.
Los 214 millones de euros incluidos en esta adenda también financian otras modificaciones de servicios públicos establecidas a lo largo del año, como es el nuevo servicio Avant entre Murcia y Alicante instaurado a finales del año 2022.
Asimismo, recoge una serie de importes adicionales para financiar el incremento de los costes operativos y el descenso de los ingresos de los servicios públicos, provocados por la crisis derivada de la guerra de Ucrania (como el aumento de precios de la energía) y por las últimas fases de la pandemia de Covid y sus efectos en la demanda.
“Esta adenda evidencia de nuevo el compromiso del Gobierno con los servicios OSP (Obligaciones de Servicio Público), esenciales para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español, y asegurando en todo momento su viabilidad económica”, ha defendido el Ministerio.
