La Asociación Europea de Agencias de Viajes (ECTAA) ha firmado un comunicado en el que, junto a otras asociaciones europeas vinculadas al turismo, pide una revisión de la Directiva sobre viajes combinados (DPT) que se aprobó a finales del pasado año para solicitar que, además de realizarse una efectiva protección de los consumidores, también se haga de los actores del sector.

Mediante el comunicado, manifiestan que es muy relevante el papel que ha adoptado la Comisión Europea para garantizar los derechos de los compradores en caso de que suceda una nueva crisis que afecte directamente al sector, pero pide que se tengan en cuenta las “circunstancias normales” en las que se desenvuelve la actividad para “garantizar” igualmente su funcionamiento.

Aseguran que la norma, tal y como está actualmente redactada, puede “desestabilizar el equilibrio del turismo europeo”, y que encuentran algunas propuestas que pueden resultar “imposibles de aplicar en la práctica”. Por ello, hacen un “llamamiento urgente” a revisar y modificar la propuesta para fijar normas que contemplen el normal funcionamiento del sector y sean lo suficientemente “sólidas y flexibles para hacer frente a los retos que planteen futuras crisis”.

Desde ECTAA manifiestan que la DPT debe mejorar la protección del consumidor, al tiempo que apoye “el crecimiento y la sostenibilidad” del sector turístico.

Por ello, piden, en primer lugar, que se haga una revisión de la redefinición del término de “paquete turístico” para evitar que organizadores de viajes y proveedores de servicios queden en una situación de desprotección. Afirman que, con la ampliación de la definición del término, en caso de que el cliente adquiera diferentes productos por separado y se trate como una venta combinada, puede provocar que los proveedores no sepan completamente “si venden un servicio de viaje como viaje combinado o como servicio independiente”.

De esta manera, la definición puede provocar una información errónea para los consumidores a la hora de tomar una decisión ante una falta de diferenciación de los productos, que lleva a la agencia a no saber si el viajero tiene intención de adquirir un viaje combinado o no.

Además, la medida, alegan, supone una “pérdida de flexibilidad” por parte de los clientes, que pierden uno de los atractivos de adquirir los servicios por separado, con políticas de cancelación específicas para cada producto, permitiendo “cambiar o cancelar sus planes antes de la fecha de salida con penalizaciones mínimas o sin ellas”, mientras que los paquetes suelen tener condiciones “más restrictivas”.

Además, esta nueva definición, afirman desde ECTAA, supone que los organizadores deban contar con sistemas de seguimiento de los consumidores para saber los planes completos de los clientes, algo que puede suponer una pérdida de “intimidad de los consumidores”, explican.

Finalmente, todo ello conllevaría un mayor coste para los clientes al tener que sumarle “costes y responsabilidades adicionales” para los intermediarios que no se exigen en caso de tratarse de servicios independientes.

Evitar la limitación del prepago

El segundo punto contra el que ECTAA se manifiesta es la limitación a los prepagos, una solución que consideran “inviable” para los operadores, ya que estos son fundamentales en la “gestión financiera, el ajuste estacional y las necesidades de inversión” del sector en general.

Con la redacción actual de la normativa, no se pueden solicitar anticipos superiores al 25% del precio del viaje combinado en líneas generales, una cantidad que podría impedir a los organizadores “obtener beneficios en el primer semestre, lo que aumentaría su fragilidad financiera”. Además, alertan que este sistema puede conllevar “cierres o cambios en los modelos de negocio” actuales y aumentando “las barreras de entrada” a nuevos operadores.

Un producto ya protegido

Desde ECTAA recuerdan que los viajes combinados son ya “el producto turístico mejor protegido” tanto a la insolvencia como a cancelaciones por causas mayores, por lo que consideran la nueva DPT como una propuesta que “no es viable” y tendrá “un impacto negativo en todo el ecosistema turístico”.

Por todo ello, piden a las instituciones europeas a comprometerse a “debatir formas de garantizar” que se evite el daño al sector, sin recurrir a “requisitos inviables y que pongan en peligro la viabilidad financiera de los operadores y proveedores de servicios turísticos”.