Según Cehat, el Real Decreto carece de la concreción y la claridad necesarias para evitar vacíos legales.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha vuelto a reiterar su oposición al Real Decreto 933/2021, sobre obligaciones de registro documental de las reservas, que se aplicará el próximo 1 de octubre, aumentando su preocupación por “el caos que produciría su implementación debido a la imposibilidad de su cumplimiento”.
En un comunicado, la patronal ha denunciado una serie de preocupaciones que van en aumento debido a que quedan tan solo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga del Real Decreto 933/2021.
Entre ellas se encuentra la “desventaja competitiva” en el mercado nacional y europeo, ya que las obligaciones impuestas por la normativa colocan a las empresas españolas o a aquellas que operan en España en “una clara desventaja” frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normas similares, según la entidad.
“Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados”, ha denunciado también la patronal.
Por otro lado, en opinión de los hoteleros, el Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que “provoca inseguridad jurídica”. Asimismo, han criticado que la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios.
Además, Cehat ha destacado que las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen “una sobrecarga administrativa excesiva”, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).
“Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento”, ha concluido.
Con todo ello, la patronal se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo su revisión y ajuste para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.
En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros han advertido de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.
