La pregunta también se refiere a los medios técnicos necesarios para cumplir con los requerimientos de confidencialidad establecidos por la UE.
El Partido Popular ha llevado a la Comisión Europea la legalidad del desarrollo del Real Decreto 933/2021 preparado por el Ministerio del Interior, por la que se establecen obligaciones de registro e información en agencias de viajes, alojamientos turísticos y alquiler de vehículos.
En una pregunta parlamentaria, la vicepresidenta de los populares europeos, Dolors Montserrat, y la eurodiputada Rosa Estarás han informado al Ejecutivo comunitario de que, con el pretexto de la seguridad, el departamento que dirige el ministro Marlaska ha dado la orden a las empresas y agencias de gestión de hospedaje y alquiler de vehículos de recabar hasta 43 datos personales, muchos de ellos sensibles, de índole parental y financieros, de todos sus clientes, conllevando infracciones graves de hasta 43.000 euros en caso de vulneración.
Teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por el sector turístico, tanto nacional como internacional, el PP quiere que la Comisión someta a examen la orden, que entrará en principio en vigor en diciembre, para verificar que cumple correctamente la normativa europea de protección de datos por la que se garantiza la seguridad y la confidencialidad de las informaciones personales.
“Nos hemos hecho eco de las quejas que han planteado sectores muy importantes en España como son las agencias de viajes, la mayoría de ellas pymes, porque colectar y conservar tanta cantidad de datos de los clientes supone un esfuerzo para el que no están preparadas y que además no les corresponde”, manifestó Estarás.
“Eso sin contar con el hecho de que este cuestionario va a complicar muchísimo el proceso de registro en España, algo que puede afectar a nuestra competitividad frente a otros países. Es un despropósito que puede afectar a uno de nuestros principales sectores económicos”, añadió.
El cuestionario podría afectar a todo aquel que se aloje en un hotel, hostal, apartamento turístico, pensión o camping y los alojamientos estarán obligados a trasladar esa información a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de una aplicación en línea.
En este sentido, la pregunta también se refiere a los medios técnicos y personales necesarios que deben tener las empresas implicadas para cumplir con los requerimientos de confidencialidad establecidos por la UE. “No podemos descargar la responsabilidad de la seguridad de los datos en las empresas ni tampoco entrometer al Estado en cuestiones de índole privada”, dijo Montserrat.
La Delegación del PP en el Parlamento Europeo recoge con este movimiento las dudas planteadas por los consumidores que podrían ver invadida su privacidad pues, si el gobierno no recula, en la práctica deberán facilitarse el nombre completo, dirección, teléfono, nacionalidad, documento de identidad, fechas de entrada y salida, detalles del pago e incluso la relación de parentesco que haya con los menores, información que en el caso del alquiler de vehículos es aún mayor.
