El PP insta al Gobierno a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como Cehat, CEAV, Acave, Fetave, UNAV o Feneval.
La patronales de agencias de viajes, Acave, Fetave y UNAV, se han reunido este lunes con miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, antes de que este presente su propuesta de revisión de la norma del nuevo registro de viajeros, para explicarles cuáles son las demandas del sector y por qué su propuesta no resuelve el problema principal de las agencias, que piden ser excluidas de la normativa.
La reunión ha contado con la presencia de Catiana Tur, gerente de Acave; Manuel Panadero, asesor a la presidencia de Fetave; y Mª Dolores Serrano, responsable de asesoramiento legal de UNAV y de la diputada Mirian Guardiola, portavoz de la Comisión de Industria y Turismo.
Aunque las tres entidades consideran que el encuentro con el PP ha tenido un “importante éxito”, aseguran que todavía “queda camino por recorrer”, ya que la Proposición no de Ley de los 'populares' “no resuelve el punto clave de las demandas del sector”.
Todo deriva del decreto 933/2021, bautizado como el ‘Gran Hermano Turístico’, que establece nuevas obligaciones de registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Aunque el decreto emanado del Ministerio de Interior data de 2021, este ha sufrido varios aplazamientos y está previsto que entre en vigor el próximo 2 de diciembre. El término de ‘Gran Hermano’ se debe a que el texto, en algunos casos, obliga al hotel en cuestión a recabar información sensible del turista como su grado de parentesco o su código IBAN bancario.
Las agencias consideran que la aplicación de esta norma tendrá un gran impacto sobre su actividad, ya que les obligará a recabar más de 50 datos personales a los clientes que quieran reservar alojamientos y más de 60 para el alquiler de vehículos.
Esto, según creen, puede tener un gran impacto en la ciudadanía, no solo por lo extenso de los datos que piden, sino por la sensibilidad de lo requerido y el peligro ante brechas de seguridad o ciberataques.
Por su parte, Guardiola ha explicado en qué consiste la proposición no de ley que el grupo popular presentará mañana en el Congreso y ha señalado que entienden los “inconvenientes” que esta nueva norma va a suponer para todo el sector turístico y, en especial, para las agencias.
El Grupo Popular señala en su proposición no de ley, recogida por Europa Press, que la aprobación y posible entrada en vigor del texto “supone graves inconvenientes” para la industria turística y, tal como está redactado ahora, su cumplimiento es “inviable” y supone una “gran desventaja competitiva” para el turismo español.
Por eso, exige revisarlo y readecuarlo junto a los subsectores turísticos más afectados por la normativa, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas.
Marlaska prometió suavizarlo
En este escenario, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con varias asociaciones del sector y les prometió que finalmente no se exigirán más datos que aquellos que se estén recabando en la actualidad, al margen del decreto.
Esta promesa, dijo el ministro, quedará plasmada en una futura orden ministerial que Interior se ha comprometido a realizar, eso sí, después de la fecha de entrada en vigor del decreto, que es el 2 de diciembre.
Al margen de las promesas del ministro, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo planteará al Congreso que del decreto queden excluidos los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento “resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector”.
Asimismo, el PP insta al Gobierno a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como Cehat, CEAV, Acave, Fetave, UNAV o Feneval, para consensuar el desarrollo normativo mediante una orden ministerial y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector.
