La “violación continuada” de esta norma podría prohibir a una aerolínea operar en Europa.
La Comisión Europea vigilará en los próximos meses que las aerolíneas no “inflen” los precios de los billetes si introducen un recargo para contribuir a financiar las emisiones de CO2 tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la normativa europea que incorpora al sector de transporte aéreo en el sistema europeo de comercio de emisiones de carbono.
Bruselas estima que el coste para los consumidores por trayecto para vuelos intercontinentales no debe superar un coste de entre 2 y 12 euros y de entre 1,8 y 9 euros en el caso de los trayectos dentro de la Unión Europea con un precio de referencia del carbono por tonelada de 12 euros, cuando en la actualidad ha bajado a 7 euros, ha explicado el portavoz de Cambio Climático del Ejecutivo comunitario en rueda de prensa, Isaac Valero.
“Ahora será más barato”, ha insistido el portavoz, que ha avanzado que el coste por trayecto intercontinental debería reducirse a “uno o dos dólares” dado que el 85% de los permisos de emisión serán gratuitos para la industria y el 15% restante se venderá en el sistema de comercio de emisiones, en virtud de la legislación europea. “No creo que sea una cantidad insuperable”, ha recalcado.
“Si vemos que el mercado reacciona bien. No vamos a poner en evidencia a ninguna compañía. Si el mercado reacciona mal, nos sentaremos y diremos señores lo que están haciendo ustedes no es por la ley europea”, han explicado fuentes del Ejecutivo comunitario que han recordado que los consumidores europeos siempre tienen la opción de recurrir a los tribunales nacionales en caso de que se “inflen” estos recargos.
La UE no obliga a introducir el recargo
Valero ha considerado “normal” el recargo que ya han introducido las aerolíneas belga y alemana Brussels Airlines y Lufthansa y la estadounidense Delta, pero ha dejado claro que la directiva comunitaria no obliga a introducir este recargo y que las aerolíneas pueden promover “medidas equivalentes” alternativas para reducir sus emisiones.
“Tienen que reducir sus emisiones o pagar. Si eligen esto último pueden pasar totalmente el coste a los consumidores o pueden absorber los costes o absorberlos parcialmente”, ha precisado.
Las aerolíneas deberán contabilizar sus emisiones “verificadas” antes de la “fecha límite” del 30 de abril de 2013 y sus permisos de contaminación correspondientes para notificarlas al Ejecutivo comunitario, ha recordado el portavoz.
El Ejecutivo comunitario espera que el resto de países cumplan con la normativa europea, que prevé sanciones de 100 euros por tonelada de dióxido de carbono emitida sin el permiso correspondiente tras esta fecha e incluso la posibilidad como “último recurso” de prohibir a una aerolínea operar en Europa en caso de “violación continuada” de la norma, ha recordado el portavoz. “La ley dice claramente que si se sobrepasa la fecha límite existen algunas penalidades”, ha insistido.
“Es la autoridad nacional la que notifica a la Comisión Europea la falta de conformidad con la ley de una aerolínea particular. La Comisión, en acuerdo con los Estados miembros, decide la prohibición de una compañía aérea de operar en el espacio aéreo europeo”, ha precisado, insistiendo en que se trata de una medida de “muy último recurso”.
La UE sigue negociando con los países como Estados Unidos, China y Rusia que rechazan que sus aerolíneas tengan que pagar por sus emisiones de CO2 cuando realicen vuelos a Europa, pero el portavoz ha dejado claro que no retirarán la normativa después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya avalado en una sentencia reciente que la directiva europea “no viola ningún principio básico de la legislación internacional, no es extraterritorial ni viola el principio de soberanía” de un tercer país, ha recordado Valero.
Contaminación legislada
La legislación europea prevé la asignación de derechos de emisión de gases contaminantes a las aerolíneas que operen en la Unión Europea desde este año teniendo en cuenta sus registros históricos, hasta el año 2020.
El primer año se les concederá gratuitamente el 85% de estos derechos y el 82% los años restantes, con lo que deberán asumir el pago del 15%, esto es unos 380 millones de euros en 2012. También se prevé reservar un 3% en el periodo 2013-2020 para nuevas empresas y compañías con gran crecimiento.
