Díaz Ferrán, en la Audiencia Nacional, el pasado 27 de noviembre.
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de Cabo en pagos mensuales a 100.000 euros procedentes del vaciamiento de activos del Grupo Marsans, ha desvelado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en un auto hecho público este lunes. El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo.
Velasco imputa –en un auto en el que transforma las diligencias previas de la ‘operación Crucero’ en procedimiento abreviado– los mismos delitos a otras 10 personas entre las que se encuentran el empresario Ángel de Cabo, la mujer de éste, Consuelo Garrido, y su cuñado, Teodoro Garrido, y el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría.
El resto de acusados son la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, los testaferros Carmelo José Estellés, Antonio García Escribano y Jorge Enrique Pardo, la secretaria de De Cabo, Susana Mora, y el fiscalista Rafael Tormo.
Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió junto al fallecido Gonzalo Pascual “iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseídos a través de éstas con el fin de excluir de dichos procedimientos los activos realizables”.
El auto explica que Díaz Ferrán y Pascual comenzaron a partir de 2009 a afianzar las deudas de su grupo empresarial, formado por Viajes Marsan, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras compañías, “con su propio patrimonio, que era a su vez poseído a través de distintas sociedades”.
Para llevar a cabo el vaciamiento del grupo se concertaron con De Cabo, que se dedicaba a liquidar empresas en situación de concurso. Este empresario empleaba para ello una estructura en la que cursaba instrucciones a personas que trabajaban para él para que realizaran operaciones de transmisión de participaciones sociales, activos o simplemente actuaran de testaferros en las distintas sociedades.
Dentro del acuerdo De Cabo se comprometía a pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán y Pascual hasta alcanzar los ocho millones de euros. El dinero –dice el juez– “se extraía de los activos del grupo o de las patrimoniales de ambos”. El juez especifica que el expresidente de la patronal llegó a cobrar 1,06 millones mientras que Pascual recibió casi un millón.
Entre las operaciones destinadas a la liquidación del holding el juez señala las ventas de concesiones para el transporte de carretera el grupo y de las sociedades Teiver, Consulting XXI, Inversiones Grudisan, Parihol Inversiones, Holdisan Inversiones a empresas vinculadas a De Cabo.
También destaca la cesión de la gestión de la cadena Hotetur, la venta de dos apartamentos en Nueva York, de la finca de Pascual ‘El Sauceral’ y la de Díaz Ferrán 'Castillo del Alamín', del barco ‘Leuqar’, coches de alta gama y otros terrenos en Madrid y Palma de Mallorca. Incide por último en el cobro de nóminas del personal de De Cabo con cargo a empresas de Marsans, la retirada y apoderamiento de 10 millones de euros de la tesorería de Naturaleza y Turismo, y el de 33,8 millones de Astra.
Una vez vaciadas las sociedades del grupo De Cabo realizó transferencias con los bienes para ocultar su origen ilícito. Las operaciones fueron dotadas de un soporte documental falso y el dinero se situó en paraísos fiscales como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá.
El primer juicio, visto para sentencia
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, después de que Gerardo Díaz Ferrán haya renunciado a hacer uso de su turno de última palabra y haya dado las gracias al tribunal.
Díaz Ferrán se enfrenta a dos años y cuatro meses de cárcel y al pago de una indemnización de 99 millones de euros a Hacienda por eludir el pago del Impuesto de Sociedades con la adquisición de la aerolínea.
El tribunal, presidido por el magistrado José María Vázquez Honrubia, ha puesto fin a la vista oral tras preguntar a los acusados si deseaban pronunciar algo en su descargo. “No, no quiero decir nada más. Muchas gracias”, se ha limitado a decir Díaz Ferrán.
El expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata, que se enfrenta a la misma pena, ha aprovechado para agradecer al tribunal que expusiera durante el juicio su propósito de buscar la “verdad material” y ha lamentado que este caso haya pasado en manos de cuatro jueces instructores, con cambio de fiscal incluido. “Me considero absolutamente inocente del delito que se me imputa”, ha apostillado.
Poco antes, los abogados defensores han solicitado la absolución de sus clientes ya que no se les puede atribuir “conducta reprochable” alguna. Según han dicho, los socios de Air Comet lograron reflotar una compañía ruinosa como Aerolíneas, hasta que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la expropió, “provocando el hundimiento de Viajes Marsans”.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden en considerar a Díaz Ferrán y al expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata culpables de un delito contra la Hacienda Pública, al entender que las cuotas impagadas fueron de “una trascendencia tan importante” que “superaron con creces” el límite del delito fiscal.
El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que Díaz Ferrán, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Interinvest, matriz de Air Comet, para saldar las deudas que acumulaba la aerolínea argentina.
