Aerolíneas

El presidente de TAP valora la privatización como muy positiva para la compañía

El consorcio del director de la aerolínea brasileña Azul, David Neeleman, se ha hecho con el 61% de la línea aérea portuguesa

15/06/2015

8:46 horas

El presidente de TAP asegura que hay un compromiso del empresario David Neeleman de garantizar los intereses de los trabajadores.

El presidente de TAP asegura que hay un compromiso del empresario David Neeleman de garantizar los intereses de los trabajadores.

Fernando Pinto, presidente de TAP, ha enviado una carta a sus trabajadores en la que valoraba los resultados de la privatización como “muy positivos”, además de asegurar a los trabajadores que deben tener “confianza en el futuro”, según informan medios locales.

El Gobierno de Portugal ha vendido el 61% de la aerolínea lusa TAP al consorcio liderado por el director ejecutivo de la aerolínea brasileña Azul, David Neeleman, por 354 millones de euros.

Pinto recalcó que el empresario norteamericano Neeleman apuesta por “respetar la historia” de la empresa y “salvaguardar sus valores”, además de garantizar “los intereses de los trabajadores”.

El empresario de Azul ganó la competición al propietario de Avianca, Germán Efromovich, que ya en 2012 intentó hacerse con TAP y que afirmó tener aviones parados y nuevos en España en espera a adquirir la aerolínea lusa.

Tras 40 años bajo gestión pública

Pinto también quiso poner en valor la experiencia del que ahora posee el 61% de la lusa TAP, un hecho que, junto al apoyo del Gobierno luso, auguran la continuación y expansión de la aerolínea.

Además, el interés que suscitó la operación de privatización demuestra la importancia de la compañía aérea del país vecino, a pesar de tener que haber afrontado 15 años de dificultados económicas.

Tras 40 años bajo el control de la Administración Pública, TAP está ahora participada en el 61% de sus acciones por David Neeleman, operación valorada en 354 millones de euros.

Portugal busca así sanear la situación de la empresa aérea, una iniciativa que retomó –tras un intento fallido en 2012– el pasado mes de noviembre, con fecha límite en el primer semestre de este año. Era también una de las condiciones del rescate financiero del país que tuvo lugar en 2011 por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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