La entrada en vigor de la nueva normativa, prevista para el 1 de julio, supondrá “un cambio radical en la comercialización de productos turísticos”, según Fetave.
La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) ha instado este lunes a cuantificar las garantías por insolvencias que deben establecerse en la trasposición de la Directiva de Viajes Combinados “para evitar dispersión de criterios en la aplicación final de la directiva” por parte de las comunidades autónomas, por lo que exigen que los avales sean “idénticos”.
La nueva regulación europea obliga al sector a las agencias y operadores a contar un aval o garantía para responder ante los viajeros en caso de insolvencia o quiebra o cuando el viaje combinado no se corresponde con lo contratado en la agencia. Además, recoge la nueva forma de contratación por Internet, introduce nuevos conceptos y amplia el ámbito de aplicación. Ahora un consumidor tiene las mismas garantías si compra a través de una agencia tradicional que si compra online. Se prevé que entre en vigor el 1 de julio de este año.
En una rueda de prensa, el presidente de Fetave, César Gutiérrez, considera que las garantías por insolvencia previstas deben concretarse en la trasposición en cuanto a cuantías y concepto y, ser idénticas en todas las comunidades, excluyendo de esas garantías a viajes corporativos, viajes de menos de 24 horas, o viajes ocasionales de peñas o asociaciones entre otros, así como “proporcionales al riesgo cubierto”.
Por ello destaca la “urgente necesidad” de que las comunidades autónomas establezcan en marco de regulación de las diferentes modalidades de los productos turísticos, todas ellas sujetas a una misma regulación, pero que sea capaz de establecer las diferentes categorías de las empresas comercializadoras y muy especialmente la singularidad de las agencias de viajes.
“Porque de lo contrario pueden producirse efectos colaterales como la pérdida de vigencia de los convenios colectivos en las agencias de viajes, lo que desestabilizaría el marco de las condiciones laborales del sector”, advierten desde la asociación empresarial.
La federación, que ha lamentado que no se haya tenido en cuenta al sector en la elaboración del anteproyecto, ha presentado alegaciones y ha transmitido sus demandas a los diferentes partidos políticos, en el marco de su tramitación parlamentaria, y confían en que algunas de sus peticiones lleguen al documento final.
Un cambio radical
Fetave que califica esta directiva como “como una de las más importantes del sector turístico de los últimos 30 años” asegura que supondrá “un cambio radical en la comercialización de productos turísticos”, ya que se fijan las reglas de competencia del mercado en igualdad de condiciones.
La nueva Directiva de Viajes Combinados, que no se renovaba desde 1990, legisla las nuevas modalidades de servicios de viajes aparecidos con la irrupción de Internet y que hasta ahora se encontraban en una situación de indefinición jurídica.
Según Fetave, estos nuevos modelos deben cumplir con las garantías para el viajero “y es una incógnita cómo puede afectar a la estrategia empresarial de muchas empresas este cambio sustancial en las reglas el juego”.
Ahora se incluyen todos los operadores turísticos que comercialicen cualquier producto turístico, ya sean empresas de alquiler de coches, hoteles, o compañías aéreas, así como plataformas tecnológicas de intermediación.
Doble garantía
Además, uno de los puntos que más preocupa a la federación es la inclusión de la responsabilidad solidaria para las agencias de viajes vendedoras y organizadoras del viaje, pues considera que supone “una doble garantía” que supondría un sobrecoste tanto para las agencias comercializadoras (con la consiguiente pérdida de competitividad en un mercado globalizado) como para los viajeros a los que de una forma u otra, les acabarían recayendo esos sobrecostes innecesarios sin obtener ningún tipo de beneficio añadido.
En su opinión, es el organizador y no el comercializador, quien debe responder ante el viajero acorde a las garantías exigidas por la Directiva. Pone como ejemplo en el caso de la compra de un vehículo, en el que el fabricante es el que garantizar los derechos del comprador, no el concesionario que comercializa los vehículos.
“Entendemos que el minorista tiene una cierta responsabilidad y hay que asumirla. Pero lo que no puede asumir es la responsabilidad de la organización”, afirmó el director de relaciones Instituciones de Globalia, Manuel Panadero.
